El fiscal desvincula al alcalde de Mugardos de la red de corrupción urbanística

El alcalde de Mugardos, el nacionalista Xosé Fernández Barcia, no formaba parte activa de la trama urbanística que supuestamente desviaba obras a un estudio de arquitectura de Fene dentro de una espesa cadena de favores y tráfico de influencias que favorecían los intereses particulares de los imputados.

Sin embargo, la Fiscalía ferrolana considera que durante la investigación el regidor pudo haber incurrido en un posible delito de prevaricación al adoptar una decisión contraria a la ley que, paradójicamente, no le beneficiaba personalmente y tampoco favorecía a ninguno de los imputados. "Tangencialmente se ve afectado por los presuntos delitos cometidos por los imputados" (tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios), señaló el fiscal Román Ruiz "pero ese no es el principal motivo de su imputación".

Con todo, fuentes de la investigación no descartan que el alcalde, citado a declarar el próximo miércoles, estuviese al tanto de lo que ocurría en el departamento de Urbanismo que él mismo dirigió entre 2006 y 2007 e incluso de la investigación abierta por el Ministerio público bajo secreto de sumario. Al menos una de las cuatro personas detenidas, la aparejadora municipal Carmen Piñeiro, sabía con certeza de las pesquisas de la Fiscalía alertada probablemente por un familiar, funcionaria de los juzgados ferrolanos.

Es posible que Piñeiro también advirtiese al alcalde y desde Fiscalía señalan además, que, al menos en una ocasión, otro de los detenidos, el policía local Ovidio Torrente, alertó a su interlocutor de que "los teléfonos estaban pinchados". Así, dos de los cuatro detenidos sabrían que estaban siendo investigados por sus actividades urbanísticas. "No podemos saber hasta que punto esta filtración alteró la investigación" manifestó Ruiz. La fiscalía ferrolana ya interpuso una denuncia por éstos hechos, "que afectan gravemente a la causa pública". La principal sospechosa de favorecer la filtración tendrá que prestar declaración y se enfrenta a penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación por un posible delito de revelación de secretos.

Fuentes de la Fiscalía manifestaron a este diario que desde que se destapó la Operación Virgin, hace diez días, se han interpuesto nuevas denuncias de particulares que desvelan presiones y coacciones por parte de las seis personas imputadas y otras irregularidades urbanísticas.