"Nos hostigaron y nos metieron miedo"

La piqueta entrará en Alhendín tras los desmanes urbanísticos. La promotora Frai ha accedido a derribar parte de las 1.200 viviendas en Alhendín (Granada) cuya altura pone en peligro el aterrizaje de los aviones de la base aérea de Armilla. Los nueve edificios vulneran la servidumbre aeronáutica y tras la resolución firme del Ministerio de Defensa que insta a la promotora al derribo parcial y la ampliación de la pista de aterrizaje, la promotora acatará el dictamen. Frai no acudirá a la vía contencioso administrativa tras amenazar el ministerio con el derribo total de los edificios de seis plantas, y cuya licencia municipal sólo contemplaba cuatro plantas.

La peliaguda demolición parcial estriba entre los 3,8 metros y 54 centímetros. De este modo, José Amador se quedará previsiblemente sin el ático que la promotora le ofreció tras la venta de sus terrenos. Ayer denunció las presiones injustificadas que recibió para vender su parcela de 1.500 metros cuadrados sobre la que ahora se ubican los edificios. "Nos hostigaron y nos metieron miedo. Dijeron que nos podían expropiar si no vendíamos. Veremos qué pasa ahora", comentaba ayer escéptico.

La promotora Frai acatará el derribo parcial de edificios exigido por Defensa

El de ayer es un capítulo más del caso Alhendín (5.600 habitantes), producto de la supuesta ambición del promotor Fernando Rodríguez Acosta, el ex alcalde, José Guerrero (PP), y su ex concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, imputados por numerosos delitos. Representantes de la promotora presentarán al Ministerio de Defensa esta semana una propuesta que se ajuste a la resolución, según confirmaron ayer fuentes de Defensa.

El problema de altura recae en la supuesta connivencia destapada entre el promotor y el ex concejal. Al analizar un pinchazo telefónico, el juez instructor del caso, Miguel Ángel Gómez Torres, determinó en un auto: "El imputado concierta con el constructor que un supuesto técnico de Frai manipule las alturas de los planos de los edificios de pisos que está construyendo Frai para eludir la servidumbre legal aeronáutica militar, que prohíbe edificar a cierta altura y así aprobar el Plan Parcial del S2". El juez estimó que presuntamente el ex edil "obtiene como contraprestación de Fernando Rodríguez Acosta un piso".Las 1.200 familias que adquirieron sus viviendas en la urbanización Novosur están pendientes del mayor culebrón urbanístico de Granada. Todo apunta a que la resolución dejará a algunos de estos vecinos sin casa. José Amador vendió su parcela de 1.560 metros cuadrados para adquirir su ático con una rebaja del 30%. No hizo buen trueque. "Sembraba patatas, tabaco, espárragos... hasta que vino Fernando el promotor a mi casa y me hizo un contrato muy trincado. Así hace sus caudales", denunciaba ayer.

"Esas cosas duelen porque el sol sale para todo el mundo. Si ha robado que pague, caiga quien caiga", censuraba Amador. El promotor Fernando Rodríguez Acosta está imputado de cohecho por el juez en una causa que acumula 14 imputados entre políticos, técnicos municipales y empresarios. Al parecer, el consistorio vendió los terrenos de la promoción Novosur por 1,2 millones a pesar de que los técnicos municipales los valoraron en 3,5 millones de euros.

Las conversaciones intervenidas por los investigadores del caso revelaron las irregularidades que el ex concejal de Urbanismo Fernández planeó junto al promotor para solventar las dificultades que entrañaba la altura de los pisos: "En vez de decir que esto mide 15 metros, no, esto mide 14,20. Vamos a intentar hacer un plano para adaptarlo y ya está", comenta el ex concejal. "Los militares no van a medir, se la metemos doblada y a tomar por culo", añade. "Claro, en la vida van a medir", remacha el promotor.

Pero sus burdos cálculos fallaron porque la policía escuchaba cada conversación. Finalmente, los militares midieron al centímetro la altura de los edificios. Tres de los nueve bloques deben ser reducidos en casi cuatro metros, lo cual obligará al derribo de al menos una planta. "Nos hubiese gustado una solución que no perjudicara a nadie, pero entendemos que Defensa no puede permitir a una promotora vulnerar la ley", señaló Manuel Sanchís, de la plataforma de afectados.

Las viviendas están casi finalizadas a dos kilómetros de la pista de aterrizaje. El contundente dictamen de Defensa obliga asimismo a la promotora a abonar el gasto de ampliación de la pista, estimado en unos cinco millones. "Curiosamente los edificios más afectados, por estar situados en el eje de la pista, son justamente las viviendas de protección pública", detalla la resolución.

Tras ordenar la paralización de las obras, ahora Defensa ha impuesto este derribo parcial. Frai definió ayer la decisión de "acertada y razonable", pero de manera incomprensible mantiene que las afecciones "no impedirán la ejecución de ninguna de las viviendas proyectadas", pese a la corrección prevista de hasta 3,88 metros.