El alcalde de Gondomar descarta recalificar los terrenos de Borreiros

Moure quiere dedicar a viviendas la principal herencia de Fernández Pereira

La absorción de la Fundación Fernández Pereira por la San Rosendo salvó a la primera de la quiebra, según asegura Benigno Moure, quien trata de rentabilizar el importante patrimonio aportado por la Fernández Pereira, en Vigo y en Borreiros-Gondomar.

En este último municipio, la San Rosendo incorporó a su titularidad una parcela de 7.500 metros cuadrados de la casa matriz de los Fernández Pereira, que Moure también quiere recalificar para viviendas. El suelo se cotiza de 120 a 150 euros el metro cuadrado, pero tampoco aquí le están saliendo las cuentas al cura Moure

"Son en realidad 5.000 metros, porque 2.000 se los estamos cediendo a unas religiosas para que lo utilicen como aparcamiento. Ésa es nuestra misión, ayudar a la gente", aduce Moure. El cura ya trató de recalificar los usos dotacionales de la parcela el año pasado. El actual alcalde, el nacionalista Antón Araúxo, alertó entonces del intento de pelotazo. Hace unos días se reunió con Moure para escuchar sus propuestas.

"Aunque la gente le da mucho a la lengua", declaró el cura a raíz de la entrevista, "la verdad es que no hay nada de nada". Moure atribuyó el parón de su proyecto recalificador y residencial al lío urbanístico del municipio (plan general intervenido por la Xunta, dos concejales en el banquillo por corrupción...), pero el alcalde fue contundente: la parcela no se recalificará. En ella la Fundación Fernández Pereira quería construir una residencia de ancianos, para la que ya había ultimado el proyecto.

La finca pertenecía a la casa matriz de la familia Fernández Pereira y fue el germen de la fundación, constituida por seis hermanos, un varón y cinco mujeres, dos de ellas monjas, que fueron las que tomaron la iniciativa de crearla con la herencia que les correspondía y otras aportaciones. Las monjas también fundaron una congregación que ahora atiende la guardería laboral para 250 niños de Borreiros. Además, habilitaron una residencia de ancianos en Valeixe-A Cañiza, en propiedades donadas por un seguidor, y compraron en Vigo el edificio de la plaza de Santa Rita.

En esta residencia de Vigo fueron asistidas las dos monjas y otra superviviente de las hermanas Fernández Pereira. Eran unas instalaciones para ancianos válidos. La fundación no disponía de fondos para adaptarlas a minusválidos, como requería la Xunta, y en esa tesitura se produce la absorción por parte de la Fundación San Rosendo.

El muñidor de la operación fue el párroco de Valeixe, José María Vázquez Piñeiro, que era miembro de los patronatos de ambas fundaciones. Vázquez Piñeiro había sido un niño con problemas al que las hermanas Fernández Pereira habían protegido de modo especial. Luego se hizo cura y párroco de Valeixe, donde también propició la donación de un devoto del inmueble que las monjas destinaron a residencia en ese municipio, dirigida por el cura párroco. Y en la que ellas mismas fueron realojadas, una vez la Fundación San Rosendo se hace cargo de la residencia de Vigo.

"Aquello fue para mis tías, casi casi, una casa de los horrores", señala Cristina Fernández Alonso, sobrina de las ancianas. Las hermanas Fernández Pereira denunciaron malos tratos en Valeixe y fueron realojadas en otra residencia de O Boqueixón, donde una falleció. Las otras dos, para ahorrar desplazamientos a la familia, domiciliada en Vigo, se asentaron en una residencia de A Guardia, donde sobrevive una de las monjas. Arrepintiéndose, con sus sobrinos, de haber entregado su fundación a la San Rosendo. "En estos años no hicieron nada, salvo negocios", afirma Cristina Fernández Alonso.

Han puesto en manos de abogados los desafueros de la Fundación San Rosendo para intentar que cumpla los fines sociales a que se comprometió con la absorción.

Un teólogo al frente de un complejo organigrama empresarial

Benigno Moure Cortés (Arnoia, 1932), licenciado en Teología y Derecho Canónico, inició su carrera asistencial al frente de Cáritas Diocesana en Ourense en los años 70. Un conflicto con la CIG, que en 1990 lo denunció judicialmente amparando las imputaciones de medio centenar de trabajadores que lo acusaban de malos tratos a los residentes de sus geriátricos, lo apartó del organismo oficial de la Iglesia católica para el ejercicio de la caridad. Pero fue el principio de una carrera, entre asistencial y empresarial, envuelta siempre en polémica.

La denuncia de la CIG fue archivada, pero cinco años después el cura Moure demandó al secretario de la central sindical en Ourense, Etelvino Blanco, por calumnias. El sindicalista fue juzgado, acusado y condenado a pagarle un millón de pesetas, que fue sufragado por cuestación popular.

La denuncia de la CIG, que llegó a presentar su informe al entonces obispo de Ourense, Diéguez Reboredo, disgustó a Cáritas y el sacerdote inició en la actividad asistencial un nuevo rumbo al que dio carácer propio.

En enero de 1992 creó la Fundación San Rosendo, sociedad benéfico-asistencial a la que, como recuerda el sindicalista Blanco, incorporó los bienes patrimoniales de Cáritas en Ourense, "que en 1990, eran ya una veintena de centros, distribuidos por toda la provincia, en los que se atendía a 2.000 asistidos y que daban trabajo a 600 empleados".

Desde entonces Moure se ha convertido en cabeza visible de un complejo organigrama de sociedades, sin ánimo de lucro y vinculado a sectores de la derecha local, que apostó por la labor asistencial antes de que ésta se integrara en los programas políticos y por el termalismo antes, también, de que los poderes fácticos orensanos descubrieran su potencial.

Casi 16 años después de su creación, la Fundación San Rosendo gestiona 54 centros en Galicia (41 en Ourense), de los que 48 se dedican a la atención de la tercera edad. A ellos se añaden siete centros del Grupo Caldaria (cuatro hoteles y tres balnearios), dedicados a la balneoterapia en una línea de negocio que se muestra en los últimos tiempos especialmente pujante. De hecho, las plusvalías que tenía previsto obtener con las operaciones de Vigo y Gondomar pensaba dedicarlas a la construcción de "un gran balneario" en Ourense, del que rehusó aportar mayores datos "para no alertar a los especuladores", declaró a este periódico.

El presupuesto de la fundación en 2006, "de contención, considerando la previsible inflación", fue de casi 30 millones de euros sólo para asistencia. De éstos, la mayor parte procedían "de los ingresos en las cuentas de la fundación de las cuotas de usuarios", según destacó públicamente el propio Moure, y casi un millón y medio de euros tenía su origen "en subvenciones, donaciones y legados".

Las nóminas de personal (más de 1.600 empleados) constituyeron el capítulo de gasto más importante. Los datos hechos públicos por Moure ponen de relieve que el presupuesto de la fundación se aproxima al de la Diputación Provincial de Ourense, cifrado ese año en 70 millones de euros.

La actividad del sacerdote ha estado siempre cuestionada. Su vinculación con el PP, a través de las subvenciones que la fundación recibía de la Xunta y de la Diputación de Ourense, que le ofreció terrenos para instalar sus residencias en ayuntamientos gobernados por este partido, generaron grandes recelos en la oposición provincial, que vio cómo la entidad se convertía en la principal generadora de empleo en el rural. PSdeG, BNG y CIG arremetieron siempre contra "la privatización" de la asistencia pública en esta provincia, que capitalizaba la Fundación San Rosendo.

La mala imagen que sobre Moure proyectaban sus detractores fue sistemáticamente lavada por Manuel Fraga. El entonces presidente de la Xunta le concedió la medalla Castelao en 1993 y la medalla de Plata de la Xunta en 2004, además de asistir a cuantas inauguraciones le propusiera Moure.

Sin embargo, el cura rechaza ahora la proximidad con el PP y sostiene que se entiende mejor con el BNG. "La verdad es que tenemos más apoyo del BNG del que tuvimos con el PP, y no nos van a quitar ingresos; nos van a beneficiar", señala. "La Ley de Dependencia de la Vicepresidencia [de la Xunta] nos beneficia mucho porque han visto que trabajamos bien", añade como justificación.

Las residencias de la fundación atienden a 3.500 usuarios de los 5.000 totales, según sus propios datos. El presidente de la Fundación San Rosendo cree que ésta se reforzará "porque gracias a esta ley [la Ley de Dependencia] nos van a llegar también familias con pocos ingresos".

Pero mientras el negocio asistencial crece con la puesta en marcha de una línea cosmética y la previsión de una explotación ganadera de 2.000 hectáreas en la comarca de Caldelas, y mientras la fundación recibe certificaciones de calidad para algunas de sus residencias, Benigno Moure comienza a visitar los juzgados. La causa más importante se verá en breve.

Moure está imputado por el juez por un supuesto delito de estafa y apropiación indebida de 600.000 euros, además de fincas, viñedos, casas y otras propiedades, de una anciana fallecida, usuaria de uno de sus geriátricos. El fiscal pide 14 años de prisión para él, pero Moure se muestra sereno. "Niego todas las acusaciones. Tengo la conciencia muy tranquila porque no robé nada, todo lo cedió voluntariamente la mujer y no a mí, sino a la fundación", sostiene, y puntualiza que la petición del fiscal "es política".

El sacerdote, que fue demandado por un sobrino de la anciana residente en Cataluña "que se pasó 30 años sin verla", adelanta que llevará a testificar a su favor "a otros familiares que viven aquí y la visitaban, y que testificarán que ella quiso hacer la donación".

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 09 de diciembre de 2007.