De la Rosa admite su culpabilidad en la estafa de Grand Tibidabo

El juicio por la descapitalización de Grand Tibidabo protagonizada por Javier de la Rosa debería iniciarse hoy en la Audiencia de Barcelona, 13 años después de los hechos. Pero es muy probable que eso no ocurra. La Fiscalía Anticorrupción y las defensas han alcanzado un acuerdo para que los ocho acusados reconozcan los hechos y acepten penas muy inferiores a las solicitadas inicialmente.

El acuerdo se basa en que De la Rosa acepte una condena de tres años

Para que el pacto -en términos jurídicos, una "conformidad"- tenga eficacia jurídica, deberá ser plasmado y ratificado verbalmente ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona, que es quien debía enjuiciar unas operaciones financieras que acabaron con los ahorros de 8.000 pequeños accionistas. "Delitos de cuello blanco", le gustaba decir a José María Mena, ex fiscal jefe de Cataluña, quien se empleó en combatir la llamada cultura del pelotazo.

En el escrito de acusación presentado en 2000, la fiscalía acusaba a De la Rosa de dos delitos de apropiación indebida y uno de delito fiscal y solicitaba penas de seis, tres y cuatro años de cárcel. Frente a esos 13 años, el acuerdo prevé que el financiero acepte una única pena de tres años de cárcel, que en su caso sería de cumplimiento efectivo por los antecedentes penales derivados de otros procesos.

En cuanto a los otros siete acusados, la fiscalía imputaba los mismos delitos y solicitaba penas de entre cuatro y seis años de cárcel. El pacto prevé que Florencio Cerdà, Ramón Fiter y Manuel Prado y Colón de Carvajal se conformen con un año de cárcel.

Para Juan Cruells, otro de los hombres de confianza de De la Rosa, la pena sería de año y medio de prisión, y seis meses para Arturo Piñana.

Las dos mujeres acusadas quedarían absueltas. En el caso de Carolina Malagelada, responsable de una sociedad a través de la que se cometió la descapitalización, los hechos habrían prescrito. Para Mercedes Misol, esposa de De la Rosa, nunca hubo acusación del ministerio público; sí de otras de las 10 acusaciones de los perjudicados.

El acuerdo de conformidad es conocido y avalado por el máximo responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas. Para defender su validez, se invoca la sentencia dictada en 2001 por el Tribunal Supremo a raíz del caso contra Gabriel Urralburu, ex presidente de Navarra, en la que se sostiene que quien es acusado de apropiación indebida no puede ser responsable también de un delito fiscal por no declarar a Hacienda ese mismo dinero sustraído.

La fiscalía argumenta también que han pasado 13 años desde los hechos y que es preferible ese pacto que una hipotética absolución, en función de las declaraciones de testigos y peritos. Finalmente, la fiscalía recuerda que todos los acusados reconocen los hechos y aceptan las penas, aunque sean menores, y que se reserva la vía civil para exigir a De la Rosa los más de 11.000 millones de las antiguas pesetas por la responsabilidad civil derivada de los hechos.

En la práctica, los perjudicados nunca se verán resarcidos de la estafa: De la Rosa tiene una ristra de sentencias pendientes de ejecutar con millonarias cantidades de dinero y la de Grand Tibidabo sería la última en incorporarse a esa relación.

"El interés de la fiscalía son las víctimas y el juicio dibujaba un pronóstico incierto", sostiene uno de los muñidores del pacto por si el acuerdo genera sensación de castigo mínimo.

El abogado del Estado, que ejerce la acusación, ha sido ajeno a la negociación y hoy deberá pronunciarse. Hay algún abogado de la acusación reticente al pacto, pero, si no lo acepta, De la Rosa sólo sería juzgado por la operación concreta que afecta a esos perjudicados.

El pacto concluiría el asunto que supuso el principio del fin de De la Rosa, cuando en 1994 otro fiscal, Carlos Jiménez Villarejo, ordenó la detención de quien fuera presentado como "empresario modelo" por el ex presidente Jordi Pujol. Un ejemplo de un tiempo en Cataluña en que las finanzas y la política se abrazaban sin rubor.