El trato especial para los inmigrantes de élite divide a la UE

La propuesta de la Comisión Europea de atraer inmigrantes cualificados a través de la llamada tarjeta azul recibió ayer un jarro de agua fría de la mano de varios países de la Unión. Alemania, Austria, Holanda y la República Checa mostraron su rechazo a la iniciativa comunitaria durante el debate que mantuvieron en Bruselas los ministros de Interior y Empleo.

Cuatro ministros ven la inmigración legal como un asunto interno

Países del Este piden preferencia para trabajadores comunitarios

El pasado octubre, el Ejecutivo comunitario presentó una propuesta legislativa en la que establecía un permiso de trabajo especial para los trabajadores cualificados que quieran emigrar a los países de la Unión. Bruselas sostiene que debido al creciente envejecimiento de la población europea, los mercados de trabajo de la UE necesitarán incorporar en los próximos años trabajadores de terceros países. La comisión que dirige el portugués José Manuel Durão Barroso pretende además competir con EE UU en la caza de cerebros.

Pero esas ambiciones se vieron ensombrecidas por las intervenciones de varios ministros de la UE que no quieren que Bruselas se inmiscuya en la regulación de sus mercados de trabajo. Alemania, Austria, República Checa y Holanda insistieron en que la inmigración legal es un tema de competencia nacional y se opusieron a las iniciativas comunitarias en este campo. Por su parte, algunos países del Este de Europa pidieron que se dé preferencia a los trabajadores comunitarios y se eliminen primero los regímenes transitorios que imponen restricciones a sus nacionales para trabajar en el resto de Europa.

El vicepresidente de la Comisión, Franco Frattini, insistió en que la tarjeta azul da libertad a los Estados para fijar cuotas de inmigrantes cualificados que estén dispuestos a aceptar. Los países reticentes argumentan que los trabajadores que entren en un determinado país tendrían en dos años derecho a trabajar en cualquier otro país de la UE, según la propuesta de directiva de la Comisión. Frattini confía aún en convencer al sector crítico en las posteriores negociaciones a la que se someterá en los próximos meses la tarjeta azul.

Reino Unido pidió flexibilidad para que cada país decida su política migratoria y anunció que pondrá en marcha un sistema a partir de 2008 similar al australiano para acoger a inmigrantes cualificados en los sectores necesitados de mano de obra.

El ministro español de Trabajo, Jesús Caldera, dedicó parte de su intervención a la otra cara de la moneda de la tarjeta azul, que España apoya: la fuga de cerebros de los países menos desarrollados. Insistió en la necesidad de paliar los efectos negativos de la captación de inmigración cualificada y explicó a sus homólogos que, por ejemplo, hay más médicos nigerianos en EE UU que en Nigeria.

Los ministros de Interior aprobaron el informe del nuevo coordinador antiterrorista de la Unión, Gilles de Kerchove, que detecta "deficiencias considerables" en el intercambio de información entre los socios europeos y los organismos como Europol y Eurojust.

De Kerchove considera fundamental para la lucha antiterrorista que los países europeos unifiquen la información de sus servicios policiales, de aduanas y de espionaje para poner a disposición de sus socios europeos esos datos de manera regular.