La juez deja en libertad provisional a los detenidos en la trama de Mugardos

Las cuatro personas detenidas el lunes por su presunta relación con la trama urbanística de Mugardos abandonaron ayer los tribunales ferrolanos en libertad provisional sin fianza y sin la obligación de comparecer periódicamente, tras negarse a prestar declaración. Tras comparecer ante la juez instructora de la Sala número 4 de Ferrol, la magistrada dictó un auto de libertad provisional para los cuatro a petición del fiscal.

Se mantienen, sin embargo, las imputaciones bajo secreto de sumario. Fuentes próximas a la investigación insisten en que "no se descartan" nuevas imputaciones en las próximas horas entre personas próximas o relacionadas con los protagonistas de esta presunta trama urbanística que tenía su epicentro en los despachos del departamento de Urbanismo de Mugardos.

Uno de los detenidos, el policía local Ovidio Torrente, manifestó que todos "se encontraban bien", aunque rehusó comentar los motivos de su detención. "Nos trataron muy bien", señaló, "pero no sabemos nada. Todo el mundo parece saberlo menos nosotros".

Los cuatro detenidos -Ovidio Torrente, Carmen Piñeiro, Xulia y Pedro Cortizas Díaz- llegaron ayer entorno a las diez de la mañana custodiados por la Guardia Civil a los tribunales ferrolanos. Dos horas después, y de uno en uno, comparecían ante la jueza Marta Guillemet. El abogado defensor de la aparejadora municipal, Jesús Oroza, explicó que los cuatro detenidos se negaron a prestar declaración argumentando que "no se les informó de los hechos por los que fueron detenidos y por los que pasaron a disposición judicial".

Los cuatro, dos funcionarios del ayuntamiento mugardés y dos socios de un estudio de arquitectura, fueron detenidos el pasado lunes por la mañana en el marco de la Operación Virgin que inició la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil a instancias de la Fiscalía. Los cuatro detenidos permanecieron 48 horas en los calabozos de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial. Se les imputa un posible delito de tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios públicos en una "corruptela" en la que los cuatro están relacionados mediante vínculos familiares, laborales o societarios.

Los hermanos Cortizas comparten un estudio de arquitectura al que presuntamente se desviaban muchas de las obras del municipio donde trabajan la aparejadora municipal y el policía local, cuyo papel, según fuentes de la investigación sería el de conseguidor de terrenos y esposo de la propietaria de una inmobiliaria próxima, socia a su vez de Pedro Cortizas. Su hermana y arquitecta, Xulia Cortizas, fue contratada en 2006 como asesora del ayuntamiento mugardés en 2006 donde también trabajaban el policía y la aparejadora. Otras tres personas, dos promotores y una arquitecta, prestaron declaración en las últimas horas ante la Guardia Civil.

Por otra parte, el PP de Mugardos solicitó ayer la apertura de una Comisión de Investigación "para revisar la actividad urbanística" durante el gobierno del alcalde nacionalista Xosé Fernández Barcia.