El Senado no llegará a tiempo para elegir a los jueces del Constitucional

A cuatro de los magistrados del Tribunal Constitucional les quedan 15 días de mandato. Fueron nombrados por el Senado hace nueve años y toca cambiarlos en diciembre. Según la Constitución, los nuevos deben ser nombrados por una mayoría de tres quintos del Senado. Es una manera de garantizar que sean nombres de consenso, al menos entre los grandes partidos, ya que les otorga una minoría de bloqueo en la votación.

Pero el PP rechaza participar en la renovación porque considera todo el proceso inconstitucional. El PSOE no llegará ni a proponer candidatos para no quemarlos en una votación estéril. Los magistrados entrarán en funciones el próximo día 17 y así seguirán, con asuntos capitales en sus manos, hasta después de las elecciones generales.

El proceso para nombrarlos es infinitamente más complicado que hace nueve años. La reforma de la Ley Orgánica del Tribuna Constitucional (LOTC) introdujo la novedad de que los magistrados del Senado serían nombrados a propuesta de las comunidades autónomas. El PP recurrió por inconstitucional este artículo de la ley. El pasado día 21, el Senado adaptó su Reglamento para definir cómo se articulan esas propuestas autonómicas. El PP se opuso en solitario y el Reglamento se reformó, por primera vez en democracia, sin consenso. El 23 de noviembre, el presidente del Senado comunicó a los Parlamentos autónomos que tienen hasta el día 15 de diciembre para presentar dos candidatos cada uno.

Ampliación del plazo

Pero todo el impulso que puso el PSOE para aprobar la reforma del Reglamento se ha desinflado en cuestión de días. Primero, Navarra pidió al Senado una ampliación del plazo porque los grupos dijeron no tener claro cuál es el procedimiento.

En los días sucesivos, Parlamentos con mayoría absoluta socialista hicieron lo mismo. El Parlamento catalán también pidió más tiempo el viernes, sólo tres días después de que los grupos se pusieran de acuerdo en un sistema para el nombramiento. El mismo repentino cambio de actitud ocurrió en Galicia y en Canarias. La mayoría debe reformar sus reglamentos, y además muchos están debatiendo sus presupuestos y el tema "no es una prioridad", según varios portavoces autonómicos.

A la Cámara alta han llegado seis peticiones formales de ampliación de plazo: de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Navarra, Murcia y Galicia. El Senado estudiará estas peticiones en la reunión de la Mesa de hoy. El boicoteo del PP y el frenazo del PSOE auguran que esa ampliación se concederá, algo que dan por hecho varias fuentes parlamentarias.

Esto supone de facto renunciar a los nombramientos. La primera semana de enero, el presidente del Gobierno disolverá las Cortes y convocará elecciones. A diferencia de otras altas instituciones, serán renovadas cuando toca, cada cuatro años. Esto supone que si el Senado concede hoy esa prórroga, ya no podrá cumplir con su obligación hasta que se vuelva a constituir la Cámara, tras los comicios.

Los grupos del PP en las Cámaras autónomas se niegan abiertamente a pactar los nombramientos. Pero piden, como ayer el de Madrid, informes jurídicos sobre los detalles del procedimiento, lo que supone dilatar un plazo que ya es de angustia y renunciar también a llegar a tiempo. En todo caso, un portavoz del PP aclaró que la posición del partido es la misma que sobre la LOTC, y en ningún caso sus grupos autonómicos participarán en un proceso que el partido considera inconstitucional.

Por parte del PSOE, su portavoz en el Senado, Joan Lerma, uno de los impulsores del nuevo método de nombramiento, indica que "los magistrados deben tener un perfil institucional, no partidista". El proceso, en el ámbito autonómico, no deja de exigir "un alto grado de consenso" en los nombres. Fuentes autonómicas del PSOE confirmaron que no se plantean la posibilidad de nombrar candidatos a las bravas, imponiendo su mayoría allí donde la tienen. Dada la posición de boicoteo del PP, no habrá candidatos.

Además, parlamentarios de varios partidos coinciden en que hacer los nombramientos destruiría la reputación de los candidatos, que quedarían marcados como partidistas, impuestos en sus Parlamentos autónomos y, en último caso, rechazados en votación en el Senado.