El Gobierno catalán modificará la Ley de Vivienda tras el dictamen del Consultivo

El Gobierno catalán admitió ayer que el dictamen del Consejo Consultivo de la Generalitat que declara inconstitucional el alquiler forzoso de pisos vacíos le obligará a modificar el proyecto de Ley para el Derecho a la Vivienda. El polémico artículo, el 42.6, es inconstitucional porque vulnera el principio de igualdad y cada ayuntamiento podría aplicar un criterio distinto. Ése es el principal argumento que recoge el dictamen del Consultivo, que declara contrario a la Constitución el artículo del proyecto de Ley, como ayer adelantó EL PAÍS.

El 42.6 prevé que la Administración podrá expropiar el uso de pisos vacíos para alquilarlos a terceros "en los ámbitos que el Plan Territorial de Vivienda y los otros instrumentos de despliegue que establece esta ley califican como ámbitos de demanda residencial fuerte y acreditada". El dictamen entiende que este redactado permite interpretaciones diversas y que cada ayuntamiento lo puede entender de manera distinta porque "no determina los parámetros para calificar un ámbito como de demanda residencial fuerte y acreditada".

Detallar los criterios

De esta forma, el dictamen considera que se vulnera el artículo 14 de la Constitución, que consagra la igualdad de los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer cualquier "condición o circunstancia personal o social". Ante esta situación, el Consultivo sugiere que el proyecto de Ley para el Derecho a la Vivienda "incorpore los criterios generales y orientadores de carácter mínimo", para delimitar estos ámbitos, así como "los parámetros que permitan tratar de forma igual a los propietarios".

En este sentido, el texto sugiere, entre otras medidas, que para definir la demanda que justifica el alquiler forzoso la Administración lleve a cabo programas de inspección de las viviendas y elabore un censo de los afectados. Los juristas recuerdan que estas mismas medidas están previstas en otros capítulos de la ley, como los referidos a las situaciones de sobreocupación y de infravivienda, pero no en el caso del alquiler forzoso.

El dictamen, un texto de 190 folios, lo suscriben cuatro de los sietes integrantes del Consejo Consultivo (Antònia Agulló, Jaume Camps, Agustí Bassols y Joaquim Borrell). Los otros tres juristas (Pere Jover, Jaume Vernet y Marc Carrillo) han formulado sendos votos particulares en los que defienden la constitucionalidad del 42.6.

Al margen de este pronunciamiento, el dictamen del Consultivo avala los otros 19 artículos del proyecto de ley cuestionados por CiU y PP. Entre éstos figuran el cumplimiento o incumplimiento de la "función social" de la propiedad; las reservas de suelo para pisos de protección; la delimitación de áreas de tanteo y retracto en las que la Administración tendría derecho preferente de compra o la penalización a los ayuntamientos que no hagan viviendas sociales.

El consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, se apoyó ayer en estos artículos avalados y no en el cuestionado 42.6 para defender "la validez" el proyecto de Ley. Sobre el alquiler forzoso, Baltasar señaló que el Gobierno catalán quiere "mantener la filosofía del artículo", aunque reconoció que habrá que modificarlo "para cumplir escrupulosamente con lo que dice el dictamen del Consultivo". El presidente de la Generalitat, José Montilla, afirmó también que el texto deberá "adaptarse" a los preceptos del Consejo.

El portavoz de ERC en el Parlament, Joan Ridao, consideró que el dictamen "no impide el alquiler forzoso", pero "introduce cautelas jurídicas que habrá que tener en cuenta". Desde ICV, su portavoz en el Congreso, Joan Herrera, aseguró que el alquiler forzoso "se mantendrá adecuándolo" al dictamen.

Por parte de la oposición, CiU y PP celebraron el dictamen. El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, aseguró que si el Gobierno catalán "rectifica" sobre el alquiler forzoso su formación se incorporará al Pacto Nacional por la Vivienda. Otras fuentes de CiU hablaron no de "rectificar", sino de "retirar" el artículo como condición para firmar el pacto. El presidente del PP catalán, Daniel Sirera, pidió al Gobierno catalán que "modifique" su postura.