El Gobierno vasco sale en defensa de los detenidos por el 'caso Ekin'

El consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga (Eusko Alkartasuna), tachó ayer de "irregular" y "esperpéntica" la instrucción del sumario 18/98 contra el entramado de ETA, y afirmó que con la detención de la mayoría de los 47 condenados "se ha consumado un atropello". "Yo quisiera saber cuáles son las verdaderas razones de montar esta especie de espectáculo mediático", protestó.

Los arrestados son ya 37, y hay otras nueve personas con orden de detención

Azkarraga calificó de "rigurosamente falsa y políticamente interesada" la base sobre la que se asentó el sumario judicial, que, según él, es "la de sostener que todo es ETA, que ETA es la desobediencia civil o una parte de la cultura vasca o los medios de comunicación clausurados". "Este macroproceso ha demostrado la inquietante facilidad con la que informes elaborados sin consistencia probatoria son dados por buenos. Espero que en otras instancias judiciales menos politizadas se encarguen de subsanar todas las irregularidades", concluyó el consejero de Justicia.

También arremetió contra las detenciones el presidente del PNV en Guipúzcoa, Joseba Egibar, quien criticó que la Audiencia Nacional haya impuesto penas "absolutamente desproporcionadas" a personas "que nada tienen que ver con ETA". Según Egibar, éste ha sido un "juicio político" detrás del cual está "la mano del PSOE", y sus consecuencias "vuelven a enrarecer el clima" político vasco.

Varios imputados en el sumario (algunos con órdenes de arresto pendientes de ejecución), familiares de detenidos y simpatizantes abertzales comparecieron ayer en rueda de prensa para denunciar lo que a su juicio es una "nueva traición" de PNV y PSOE, que abanderan "una estrategia de guerra para destruir Euskal Herria". Frente a eso, "el único camino es la lucha", afirmaron, antes de convocar una manifestación hoy en Bilbao y un paro de una hora el día 13 en "toda Euskal Herria".

A la comparecencia asistieron José Ramón Aranguren e Iñigo Elkoro, que leyeron un comunicado condenando las detenciones, y otros imputados como Teresa Toda y Olatz Altuna (detenidos horas más tarde). Ninguno admitió preguntas.

La cifra de arrestados por el caso Ekin-KAS-Xaki se elevaba anoche a 37. A los detenidos el viernes se sumaron Patxo Murga, localizado en Las Palmas; Miriam Campos y Txente Askasibar (detenidos ambos en Bilbao); Mikel Aznar, ex concejal de EH, Karlos Trenor y Olatz Altuna (capturados en San Sebastián); Xabier Arregi (en Bergara); e Iñaki Zapiain y Teresa Toda, ex subdirectora del diario Egin y portavoz de la plataforma que formaron los imputados, en Urnieta.

Pocas horas después de producirse las primeras detenciones, en la tarde del viernes, comenzaron los actos de kale borroka, que se prolongaron durante la madrugada y el día de ayer en siete localidades vascas. En Vitoria, un grupo de individuos cruzó en torno a las once de la noche varios contenedores de basura y rompió los cristales de tres sucursales bancarias en la céntrica calle Siervas de Jesús.

Mayores daños sufrió la sede del Juzgado de Paz de la localidad vizcaína de Markina, contra la que varios desconocidos arrojaron sobre las 23.20 un cóctel incendiario y rociaron líquido inflamable. La puerta de entrada y la fachada del edificio quedaron ennegrecidas. Un grupo de vecinos logró sofocar las llamas con cubos de agua antes de la llegada de los bomberos. Mientras, en cuatro localidades guipuzcoanas (Zegama, Rentería, Soraluze y Zizurkil) fueron quemados un total de 12 contenedores de basura o recogida de envases y papel.

El incendio más aparatoso se registró sobre las cinco de la madrugada en la calle Morrongilleta de Rentería. Las llamas originadas en un contenedor de papel originaron una columna de humo que obligó a desalojar a los vecinos del primer piso de un inmueble y ennegreció la parte baja de la fachada. En Zegama ardieron seis contenedores, otros tres en Zizurkil y los dos restantes, pasadas las dos de la madrugada, en Soraluze.

Ayer, la casa de Manoli Uranga, única edil socialista en Azpeitia (Guipúzcoa), fue atacada con pintura roja y amarilla, los colores de la bandera española.