Un aniversario agridulce

El Gobierno de José Montilla ha aprovechado en el primer año de su andadura, cumplido el 28 de noviembre, la inercia de los tres años del anterior tripartito formado por los socialistas, Esquerra e Iniciativa Verds-EUiA, el presidido por Pasqual Maragall: aumento de la inversión y del gasto social, reducción del déficit presupuestario, impulso a la educación y las infraestructuras. Ha sido, pues, un año de continuismo en las grandes orientaciones del primer tripartito de las izquierdas, que fue el encargado de romper los moldes de las dos décadas largas de ejecutivos de CiU.

Las diferencias entre este Gobierno y el anterior se han producido más en las formas que en los contenidos. Se acabó el desgavell que tan feliz hacía a la oposición. Es fácil atribuir la paz en la coalición gubernamental a la personalidad retraída y silenciosa de Montilla, que contrasta con el actuar genialoide de Maragall. Pero es inexacto. La decisión de atajar la gresca pública entre los miembros del tripartito fue una opción tomada a finales de la anterior legislatura conjuntamente por Carod, Saura y Montilla. Ahora la aplican rigurosamente.

Esto no ha impedido, sin embargo, que el aniversario fuera saludado con una caída del índice trimestral de satisfacción política (ISP) hasta su cota más baja desde principios de 2006, según el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat. La manifestación de ayer ha sido la escenificación de este malestar, además de una insólita concurrencia entre parte de la oposición y parte del Gobierno. Ambos datos, la caída del ISP y la manifestación, amargan el aniversario a Montilla.

¿Qué ha pasado, pues? El propio presidente se ha encargado de responder a la pregunta. "Cataluña lleva muchos años creciendo y ahora le tiran las costuras", ha dicho. Se le ha hecho pequeño el traje, en el sentido más material al que la metáfora pueda aludir. En Cataluña se ha pasado de cerrar aulas en los tiempos de Jordi Pujol a saturarlas cada año, con alumnos venidos de medio mundo. 31.000 nuevos escolares en este curso. Hay más de 7,5 millones de tarjetas sanitarias repartidas, camino de los ocho millones. Las autopistas sobrecargadas, los trenes colapsados por causa del AVE que nunca llega y el apagón eléctrico de julio en Barcelona explican mejor que mil palabras a qué tipo de problemas se enfrenta el país.

El Gobierno responde a ellos terminando en este año el desdoblamiento del Eix del Llobregat y adjudicando las obras para desdoblar el Eix Trasversal; proyecta aceleradamente nuevas líneas de ferrocarril, destina 400 millones de euros a una nueva oleada de planes de rehabilitación urbanística para mejorar los barrios degradados. Aumenta las horas lectivas en la enseñanza obligatoria, el número de maestros y profesores, de policías, de profesionales sanitarios. Multiplica por cinco la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I + D + I) respecto a 2003.

Al mismo tiempo, elabora entre otras, las leyes del Derecho a la Vivienda, de Derechos Sociales y prepara la de Educación, para afrontar la compleja situación. Y cumple escrupulosamente los plazos en la aplicación del Estatuto de Autonomía, con particular atención a los aspectos económicos, que habrán de permitir un imprescindible salto adelante en los servicios sociales y la dotación de infraestructuras: crea la Agencia Tributaria de la Generalitat, pone en marcha la Comisión Mixta Bilateral con el Gobierno central. Pacta con él la cuantía de las inversiones del Estado en Cataluña en materia de infraestructuras en los próximos siete años, conforme a lo previsto en el Estatuto. Una cifra muy alta: 30.000 millones de euros.