El juez pide al edil de urbanismo de Oropesa escrituras de su patrimonio

El titular del juzgado número 2 de Castellón requirió ayer al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oropesa, Tomás Fabregat, del PP, para que presente las escrituras de su patrimonio. La petición del juez forma parte de las diligencias que se instruyen en la investigación de un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias en la aprobación del programa urbanístico conocido como Les Amplàries, en la zona de expansión de Marina d'Or. El edil, que ayer compareció como imputado ante el juez, admitió compartir la titularidad de un local con el propietario del grupo Marina d'Or, Jesús Ger. También reconoció que entre su patrimonio figuran otros cinco locales en este complejo y aseguró que el origen del dinero con el que adquirió todos estos inmuebles procede de una herencia y de la venta de unos terrenos.

Fabregat admite que posee cinco locales en el complejo de ocio

Otros dos ediles imputados alegan que siguieron la directriz del grupo

Fabregat fue interrogado sobre unas parcelas que adquirió en 2000, tres años antes de ser elegido edil, por algo más de 75.000 euros y que meses antes de las elecciones vendió por 567.905 euros al mismo grupo Marina d'Or. Pese a que la operación de compraventa se efectuó en 2000, la inscripción pública no se realizó hasta mayo de 2003. Fabregat y su esposa recibieron parte de la cantidad estipulada en dinero, mientras que el pago de otra parte quedó aplazado hasta la transmisión de un apartamento en un edificio que entonces tenía el grupo inmobiliario en construcción. En su día, el concejal ya admitió la alta rentabilidad de la operación aunque sostuvo que "el precio lo marca el mercado y esa es una zona que se ha revalorizado mucho", pese a que se trata de fincas rústicas.

La compra de una de esas pequeñas parcelas, que fueron agrupadas para su posterior venta, desencadenó un litigio judicial sobre la titularidad, y el edil fue llamado a declarar, en calidad de testigo, en la instrucción de otras diligencias. En su declaración ante el juez, en julio de 2003, dijo haber pagado parte de la finca con dinero negro.

Pese a la vinculación del concejal con el grupo Marina d'Or, participó en la aprobación del programa de desarrollo urbanístico. Durante la tramitación, un técnico de la Generalitat admitió haber recibido "instrucciones" para minimizar las "pegas" del PAI. Además, el proyecto recibió el dictamen desfavorable de la comisión técnica de Urbanismo pero, finalmente, fue el propio director general de Urbanismo de la Generalitat valenciana, Pedro Grimalt, quien firmó la aprobación.

Ayer, en su declaración ante el juez, el concejal de Urbanismo alegó que la aprobación del PAI Les Amplàries se llevó a cabo por la existencia de los informes favorables de la secretaria y el arquitecto municipales, que también están imputados por los mismos delitos. El programa salió adelante pese a que estaba supeditado a un "informe favorable" de Costas. Aunque los dos dictámenes de este departamento fueron negativos, los técnicos optaron por considerar que la intervención de la dirección general del Ministerio de Medio Ambiente no era vinculante, tal como esgrimía un informe presentado por el propio grupo Marina d'Or.

Junto a Fabregat, el juez tomó declaración ayer otros dos imputados, los ex concejales José Manuel Miralles y Jorge Garrido, que también votaron favorablemente para la aprobación del PAI. Ambos alegaron que ellos únicamente siguieron las directrices del grupo y justificaron su decisión en los informes favorables de los técnicos, tal como hizo el pasado día 15 el alcalde de la localidad, Rafael Albert, que también declaró ante el juez en calidad de imputado.