Educación da un giro y renegocia la convivencia en las aulas

La segunda mesa técnica con los sindicatos para negociar un texto "consensuado" del decreto de Derechos y Deberes -que regulará la convivencia en las aulas valencianas- forzó ayer a la Dirección General de Personal a dar un modesto giro y aceptar renegociar las bases de un nuevo borrador "centrado en la convivencia escolar" y "una serie de medidas preventivas de conflictos" que pivoten sobre la "mediación", aseguraron ayer al término de la reunión Albert Sansano, negociador del STEPV, y Manolo Picó, secretario general de enseñanza de CC OO.

Los sindicatos -incluido ANPE que estaba de acuerdo en todas las iniciativas para reforzar la "autoridad docente" por la vía "disciplinaria"- pidieron a la Administración educativa que "saque fuera del decreto todo lo que no haga referencia a los derechos y deberes de los alumnos", ya que los padres, los docentes y el personal de administración y servicios se regulan por otras vías; e incorpore la batería de "enmiendas para mejorar la convivencia escolar", precisó Sansano. Además de la petición conjunta de una "memoria económica" que acompañe al decreto para poder aplicar las medidas preventivas con "más recursos humanos, personal de apoyo y recursos económicos".

El papel de las "familias", por tanto, según explicó Consuelo Cubel de ANPE, quedaría reducido a "un apartado referente a la responsabilidad contraída en la educación de sus hijos y el compromiso de cumplir las normas como parte de sus funciones".

Gerardo Fernández, de Fete-UGT insistió en que el borrador redactado por la consejería contempla "medidas correctoras como la creación de unidades específicas y aulas de convivencia para alumnos que no pueden asistir a una o varias asignaturas, lo que presenta un grado muy grande de indeterminación". Y coincide en que la pretensión de regular las funciones del profesorado y el PAS "introduce modificaciones que rebasan los límites originales y propios de un decreto de Derechos y Deberes del Alumnado".

Tanto el STEPV como CC OO en sus enmiendas apuestan por la redacción de "un plan global de convivencia", más allá de un decreto. En concreto, Picó insiste en que debería incluir "medidas sociales y ayudas directas al alumnado con necesidades".

Sansano sostiene la importancia de "extender los departamentos de Orientación a los centros de Primaria, y dotar de psicólogos y pedagogos a todos los IES". Y propuso "la creación de una comisión interdepartamental abierta -además de a la comunidad escolar- a asociaciones civiles como el Institut de la Dona, la Fiscalía de Menores, las Asociaciones de Prensa y las Universidades públicas y privadas".