Las empresas de apartamentos turísticos piden el cierre de los pisos ilegales y ruidosos

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) exigió ayer a la Generalitat que se arremangue para controlar mejor los pisos ilegales -que se alquilan a turistas sin licencia y sin declararlo a Hacienda- y los cierre, así como aquellos que albergan visitantes de forma regular pero generan molestias a los vecinos.

Y es que los empresarios de apartamentos se sienten algo criminalizados por las quejas vecinales que generan los turistas más incívicos. "Es un problema de orden público, no de apartamentos turísticos", concluyó ayer Joaquim Mestre, presidente de Apartur.

Mestre se quejó de la "desidia" de la Generalitat, a la que acusó de reforzar cada vez más la normativa que sólo cumplen los apartamentos legales, en lugar de encargarse de hacer cumplir la regulación ya existente. Apartur agrupa a 83 empresas y 1.500 apartamentos, cuando en Barcelona se habla de hasta 3.000 apartamentos ilegales, 1.500 de ellos en el distrito de Ciutat Vella.

Aunque las molestias causadas por los turistas a los vecinos se deben sobre todo a los ruidos, algo en lo que en principio no influye el requisito de contar o no con una licencia de actividad, los empresarios consideran que los apartamentos registrado son más fáciles de controlar para exigir responsabilidades. De hecho, algunas empresas turísticas empiezan a facilitar a los vecinos un teléfono de contacto por si tienen quejas que exponer. La asociación propone, además, a la Administración que notifique las posibles denuncias que generen los pisos que gestiona Apartur u otros operadores autorizados, que se cree una mesa de arbitraje encargada de mediar en los casos de conflictos con las comunidades de vecinos y que, en caso de no llegar a un acuerdo, se derive al Tribunal Arbitral de Barcelona. "Los empresarios somos los primeros que no queremos problemas con los vecinos", recalcó Mestre.