El asesor que delató a Roca insiste en que lo controlaba "todo"

El jefe del servicio jurídico del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Jorge González, volvió a declarar ayer que Juan Antonio Roca controlaba "absolutamente todo" en el consistorio, y no sólo los asuntos urbanísticos. Afirmaciones similares de González al juez Miguel Ángel Torres, al que detalló las irregularidades en la concesión de licencias de obras bajo el control de Roca motivaron en noviembre de 2005 la apertura de las diligencias penales del caso Malaya.

González declaró ayer como testigo en el juicio por la concesión de una licencia de obras contraria al planeamiento urbanístico a Incopromar en el que están procesados Roca, el ex alcalde Julián Muñoz, otros cinco ex concejales y el abogado José Luis Sierra. No es la primera vez que lo hace, pero nunca antes en presencia de Roca, de quien dijo que era "impensable" que la licencia de obra en cuestión se concediera sin su conocimiento y aquiescencia. Roca aseguró el día antes al tribunal que él no intervenía nunca en la tramitación de las licencias, algo que según González es rotundamente falso.

El testigo relató que los asuntos que llegaban a la comisión de gobierno para que los concejales lo aprobaran en un listado o "cuadernillo" respondían a las "instrucciones y órdenes" que daba Roca. En el caso concreto de la licencia a Incopromar, González aseguró que él no hizo ningún informe jurídico, como correspondería en calidad de su puesto, porque no se lo pedirían al aventurar que sería negativo porque se vulneraba el ordenamiento urbanístico.

El arquitecto que diseñó el edificio, Roberto Osborne, cuñado del periodista Antonio Herrero, promotor del proyecto, dejó constancia en su testimonio de la enorme confusión respecto al planeamiento urbanístico aplicable. Así, aportó al tribunal fichas urbanísticas de la parcela con el sello de la Junta de Andalucía sacada del Colegio de Arquitectos en la que según el plan de 1986 no había ninguna zona verde. En cambio, técnicos municipales ratificaron que en los planos obrantes en el Ayuntamiento si se contemplaba parte del suelo como de parques y jardines.

En la sesión de ayer, uno de los ex concejales procesados, José Marino Pomares, acusó al abogado José Luis Sierra de ser "uno de los culpables de que hoy estemos aquí al que por aquel entonces se le llamaba abogado supremo". Sierra, que fue asesor jurídico externo del Ayuntamiento de Marbella y hombre de confianza del ex alcalde Jesús Gil, elaboró un informe en 1993 en el que sostenía que se podían dar licencias sobre el plan en revisión, aunque no estuviera aún aprobado, pero matizó que con carácter "provisional", lo que implicaba que se podían demoler las construcciones si el documento no prosperaba.