¡Una licencia, por favor!

Lo más inquietante de la operación Guateque realizada en Madrid las últimas semanas no es solo constatar que había una caterva de funcionarios, presuntos delincuentes, que cobraban por agilizar las licencias de actividad y apertura de establecimientos mercantiles, sino sobre todo descubrir las verdaderas razones de fondo que hacen posible, en la práctica, la existencia de tales comportamientos.

En la página web de la Confederación Empresarial Valenciana, por ejemplo, se detallan los trámites necesarios para crear una empresa. De acuerdo con dicha información ahora sabemos que, desde la inscripción en el Registro Mercantil y la solicitud del número de identificación fiscal, hasta la licencia de apertura, es preciso pasar por un total de 18 actos administrativos. Algunos de ellos incluso, como ocurre con esta última, pueden descomponerse a su vez en otros siete, en el caso de que se trate de actividades inocuas, o en diez, con sus correspondientes inspecciones, si se trata de actividades calificadas. Y todo ello suponiendo que uno tiene ya perfectamente diseñados todos los aspectos relacionados con el núcleo duro del negocio que desea emprender; es decir, el plan de empresa, la financiación, su ubicación física, etc.

Aunque a primera vista la cifra resulta casi disuasoria es preciso admitir que todos los documentos y requisitos exigidos tienen una más que razonable justificación. No creo sea muy discutible que las empresas deban facilitar el control fiscal de su actividad, comunicar el número de trabajadores de que disponen, inscribirse en el registro mercantil, comprobar que el nombre utilizado no pertenece a un competidor o garantizar que la nueva actividad es segura y no causa molestias a los vecinos. La solución, pues, no debería pasar en ningún caso por eximir de tales controles a los nuevos emprendedores, sino por disponer de un único interlocutor en el lado de la Administración, en primer lugar, y, por reducir al mínimo la duración de los mismos, en segundo lugar.

El problema sin embargo es que, según demuestra la experiencia acumulada en esta materia, no resulta posible la existencia de "ventanillas únicas" con capacidad legal suficiente para facilitar y supervisar de manera efectiva todo el proceso, de principio a fin; al menos mientras no se solucione de manera efectiva el conflicto derivado de la división de competencias entre administraciones. Y todo ello sin contar con que el volumen de trabajo de los funcionarios encargados de estas materias, sobre todo de aquellos que ejercen la labor inspectora en los Ayuntamientos, suele ser tan elevado que obliga a tiempos de espera excesivamente largos, cuando no insoportables.

Naturalmente, en medio de tanta confusión, no es extraño que periódicamente surjan algunos personajes poco ejemplares dispuestos a alterar el orden de salida de los expedientes a cambio de un puñado de euros, con el consiguiente desprestigio para la función pública y enorme regocijo de los predicadores de la privatización y las rebajas de impuestos.

Desde luego, lo peor que puede hacerse en estas circunstancias es tomarse el asunto como una simple anécdota desgraciada. Con el asunto de las licencias municipales, al igual que ocurre con la corrupción urbanística, el problema no está tanto en las personas como en el interior mismo del sistema en el que éstas operan. Alguien debería ocuparse seriamente de ello, aunque solo fuera para justificar el sueldo que le pagamos.