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El juez Marlaska archiva el 'caso Yak-42' pese a calificarlo de "grave"

El magistrado no ve trascendente la falsa identificación de 30 cadáveres

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado el archivo de las diligencias por la fraudulenta identificación de 30 de los 62 militares que murieron en el accidente del Yak-42, el 26 de mayo de 2003, cuando regresaban de Afganistán.

En un auto dictado ayer, el juez califica de "grave" la conducta de la delegación militar que, por encargo del entonces ministro de Defensa y hoy diputado del PP, Federico Trillo-Figueroa, repatrió los cadáveres y admite que ésta causó "daños morales" a las familias de las víctimas, pero asegura que los hechos carecen de relevancia penal.

Pacho González Castilla, presidente de la asociación que agrupa a la mayoría de las familias, expresó ayer su "indignación" por la decisión judicial. Anunció, además, que las familias recurrirán el archivo ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y se mostró confiado en que el fiscal, que acusó a tres mandos de un delito de falsedad, también lo haga.

Sorprendentemente, el relato de los hechos que hace Marlaska no difiere sustancialmente del de los acusadores o el fiscal. El auto reconoce que las autoridades turcas entregaron a la delegación del Ministerio de Defensa 62 cadáveres, pero hicieron constar en la correspondiente acta que sólo estaban "identificados plenamente 32 de ellos".

Fue el general de Sanidad Vicente Navarro, comisionado por Trillo, quien determinó la filiación de los otros 30, ordenó su distribución individualizada en féretros y extendió los correspondientes certificados de defunción. Por su parte, el comandante José Ramón Ramírez y el capitán Miguel Ángel Sáez elaboraron las necropsias.

Grande-Marlaska señala que, según el testimonio del propio Navarro, fue éste quien determinó la filiación de los 30 cadáveres sin identificar en base a criterios "ajenos a una mínima seriedad", tales como el lugar que ocupaban en el avión, sin contemplar siquiera la realización de pruebas de ADN, hasta el punto de que ni uno solo fue correctamente identificado.

La existencia de "dudas razonables" sobre su identidad llevó, en noviembre de 2004, a la exhumación de 21 cadáveres, que fueron enterrados por segunda vez 20 meses después de su fallecimiento. En nueve casos, ni siquiera fue posible subsanar el error, pues habían sido incinerados en contra de la voluntad de sus verdaderos familiares.

Pese a todo ello, el juez sugiere que la falsa atribución de identidades fue un hecho "inane, inocuo o intrascendente", sin relevancia penal, ni siquiera en grado de imprudencia, por lo que ordena el sobreseimiento.

Cuatro años y medio de desamparo judicial

La decisión del juez Fernando Grande-Marlaska de archivar las diligencias por la errónea identificación de las víctimas del Yak-42 no ha sido una sorpresa. Ya el pasado 1 de junio este magistrado archivó la primera investigación abierta por dicho accidente, la que intentaba aclarar la maraña de subcontrataciones que llevaron a que sólo una mínima parte del dinero pagado por Defensa llegara a la compañía ucraniana que operaba el avión. El juez consideró entonces que la falta de preparición o descanso de la tripulación no era responsabilidad de Defensa.

Tanto aquella decisión, recurrida ante la Sala de lo Penal, como la adoptada ayer han convencido a Pacho González Castilla del acierto de la asociación que preside cuando recusó al juez Grande-Marlaska por falta de imparcialidad. Sin embargo, la Audiencia Nacional no lo consideró así e impuso a las familias una multa de 300 euros por recusación temeraria.

El hecho de que las familias de las víctimas hayan sido, hasta ahora, las únicas condenadas es una de las paradojas de este caso. La otra es que el único ex ministro de Defensa que ha comparecido ante los tribunales haya sido José Bono, quien declaró como imputado en un pleito por una pensión que se disputaba la ex pareja de hecho y los padres de un fallecido. En cambio, el entonces ministro Federico Trillo-Figueroa ni siquiera ha sido citado como testigo.

En el auto de ayer, el magistrado Marlaska reconoce que las familias de las víctimas han sufrido "perjuicios morales" y da entender que éstas podrían resarcirse en una vía diferente a la penal. Se trata de un consejo innecesario.

Las familias acudieron a la vía civil e interpusieron una demanda contras las compañías contratistas del Yak-42. El Juzgado número 2 de Zaragoza condenó a las empresas a indemnizar a las víctimas con más de 10 millones de euros. Sin embargo, en octubre pasado, la Audiencia Provincial ordenó repetir el juicio celebrado en enero de 2006 debido a un defecto de forma: la intermediaria Chapman Freeborn no fue notificada correctamente por el juez instructor. El mal funcionamiento de la justicia lo pagan así las víctimas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de noviembre de 2007

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