El juez Marlaska archiva el 'caso Yak-42' pese a calificarlo de "grave"

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado el archivo de las diligencias por la fraudulenta identificación de 30 de los 62 militares que murieron en el accidente del Yak-42, el 26 de mayo de 2003, cuando regresaban de Afganistán.

En un auto dictado ayer, el juez califica de "grave" la conducta de la delegación militar que, por encargo del entonces ministro de Defensa y hoy diputado del PP, Federico Trillo-Figueroa, repatrió los cadáveres y admite que ésta causó "daños morales" a las familias de las víctimas, pero asegura que los hechos carecen de relevancia penal.

Pacho González Castilla, presidente de la asociación que agrupa a la mayoría de las familias, expresó ayer su "indignación" por la decisión judicial. Anunció, además, que las familias recurrirán el archivo ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y se mostró confiado en que el fiscal, que acusó a tres mandos de un delito de falsedad, también lo haga.

Sorprendentemente, el relato de los hechos que hace Marlaska no difiere sustancialmente del de los acusadores o el fiscal. El auto reconoce que las autoridades turcas entregaron a la delegación del Ministerio de Defensa 62 cadáveres, pero hicieron constar en la correspondiente acta que sólo estaban "identificados plenamente 32 de ellos".

Fue el general de Sanidad Vicente Navarro, comisionado por Trillo, quien determinó la filiación de los otros 30, ordenó su distribución individualizada en féretros y extendió los correspondientes certificados de defunción. Por su parte, el comandante José Ramón Ramírez y el capitán Miguel Ángel Sáez elaboraron las necropsias.

Grande-Marlaska señala que, según el testimonio del propio Navarro, fue éste quien determinó la filiación de los 30 cadáveres sin identificar en base a criterios "ajenos a una mínima seriedad", tales como el lugar que ocupaban en el avión, sin contemplar siquiera la realización de pruebas de ADN, hasta el punto de que ni uno solo fue correctamente identificado.

La existencia de "dudas razonables" sobre su identidad llevó, en noviembre de 2004, a la exhumación de 21 cadáveres, que fueron enterrados por segunda vez 20 meses después de su fallecimiento. En nueve casos, ni siquiera fue posible subsanar el error, pues habían sido incinerados en contra de la voluntad de sus verdaderos familiares.

Pese a todo ello, el juez sugiere que la falsa atribución de identidades fue un hecho "inane, inocuo o intrascendente", sin relevancia penal, ni siquiera en grado de imprudencia, por lo que ordena el sobreseimiento.