Con los CD no se juega

El primer ministro Gordon Brown debe de estar rezando para que la policía encuentre pronto los dos CD perdidos por funcionarios de

su Gobierno que contienen información confidencial -números de cuentas, datos de la seguridad social, nombres y direcciones- de millones de ciudadanos británicos. Una auténtica mina en manos desaprensivas.

Si la cosa no fuera tan seria, daría para

un guión de aquellas inolvidables comedias de la factoría Ealing en las que quedaban al descubierto, de manera tan implacable como desopilante, los procedimientos a cual más chapuceros de funcionarios, policías

o delincuentes de la Inglaterra de posguerra. Porque resulta que los valiosísimos discos fueron enviados por

el funcionario

de turno de Hacienda y Aduanas a través

del correo interno

del departamento, que gestiona la empresa de mensajería TNT, sin ni siquiera adoptar la precaución de pagar el suplemento de algunos chelines que permite el seguimiento puntual de un envío. Más o menos como si se tratara de una remesa de impresos en blanco del censo. TNT dijo ayer que incluso desconoce si el paquetito entró en su masivo flujo diario.

Brown no ha entrado con buen pie en el 10 de Downing Street. El líder laborista, sucesor de Tony Blair, fue precisamente, como ministro de Hacienda, quien hace dos años decidió, para mejorar su eficacia y ahorrar unas libras, fusionar Hacienda y Aduanas, que por separado funcionaban relativamente bien. Lo de menos es que haya dimitido a consecuencia del fiasco el responsable del departamento que cobra los impuestos

a los británicos. El escándalo sacude ya al canciller del Exchequer, Alistair Darling, hombre de la máxima confianza de Brown y muy tocado ya por el desastre del banco Northern Rock, y por extensión a un primer ministro que

en pocos meses ha dilapidado buena parte de su capital político, sobre todo con su jugueteo sobre un eventual adelanto electoral.

En cualquier caso, parece que un daño colateral del episodio de los CD lo sufrirá el controvertido proyecto para dotar a los británicos de un documento nacional de identidad. Como señala la oposición conservadora, pocos serán los que a estas alturas estén dispuestos de buena gana a que sus datos confidenciales sean custodiados por el Gobierno de su graciosa majestad.