El fiscal pide penas hasta de 22 años por la trama de Hacienda en Cataluña

Ocho años después del inicio del proceso judicial, la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona presentó ayer escrito de acusación contra 14 personas por la supuesta trama de corrupción en la Inspección de Hacienda en Cataluña. Entre ellos, José Luis Núñez Clemente, ex presidente del FC Barcelona, su hijo y el empresario Javier de la Rosa, que afrontan una petición de pena de ocho años de cárcel.

También se acusa al asesor fiscal Juan José Folchi y a la mayoría de los inspectores de Hacienda en Cataluña encargados a finales de los años de la década de 1980 de las inmobiliarias que facturaban más de mil millones de pesetas (seis millones de euros). El escrito de acusación sitúa en la cúspide de la trama a José María Huguet, jefe de la Dependencia Regional de Inspección de Cataluña, entre 1985 1994, así como a Álvaro Pernas y Manuel Abella, jefes de las unidades regionales de Inspección. Las penas que se solicitan para ellos oscilan entre los 16 y 22 años de cárcel.

Este proceso provocó en su día la dimisión de José Borrell, candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno tras imponerse a Joaquín Almunia en las elecciones primarias del partido, al trascender que entre los imputados estaba José María Huguet, colaborador de Borrell cuando fue secretario de Estado de Hacienda.

Empresas implicadas

La actividad delictiva que relatan en su escrito los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Fernando Rodríguez Rey afectó a cuatro grupos de empresas: Grupo Torras, Núñez y Navarro, Ibusa y Kepro. Según se relata, los máximos inspectores de Hacienda paralizaron o denegaron inspecciones a esas empresas, mintieron en las diligencias de comprobación, extendieron actas de conformidad que no reflejaban la realidad tributaria de las sociedades o bien dictaron actos de liquidación ilegales, según la fiscalía. En algunos procedimientos, incluso comprobaron que esas empresas estaban cometiendo delitos fiscales e incumplieron su obligación legal de denunciarlo al juzgado o a la fiscalía. En otros casos, impidieron que otros inspectores honrados pudiesen supervisar a esas empresas.

El relato del fiscal describe con detalle los peores comportamientos que se pueden imputar a un alto funcionario que vela por los intereses de la Hacienda Pública. De ahí las elevadas penas que solicita para ellos, a los que acusa de los delitos continuados de cohecho, falsedad en documento oficial, omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en la custodia de documentos, prevariación o revelación de secretos.

Asegura el escrito del fiscal que los inspectores Huguet, Pernas y Abella, así como Roger Bergua, se mostraron "indebidamente propicios a los intereses de ciertos contribuyentes de elevado perfil económico, excitados por las ventajas patrimoniales que éstos les ofrecieron con la voluntad de ganarse sus voluntades". El fiscal también alude a que "los corruptos contactos entre los funcionarios y los empresarios" se instrumentalizaban a través de ciertos asesores legales que también se sentarán en el banquillo. Se refiere, además de Folchi, a Joan Anton Sánchez Carreté, la persona que le hacía la declaración de la renta a Jordi Pujol.

A cambio, los inspectores consiguieron elevadas cantidades de dinero, propiedades inmobiliarias o la intermediación de las empresas afectadas para que se les concediesen hipotecas a bajo interés. Cristóbal Martell, abogado de Núñez, afirmó que las empresas del ex presidente del Barça "ni han recibido ni han pretendido favor ilícito de los funcionarios. La gestión tributaria del grupo es impecable". Javier Melero, defensor de Huguet, explicó que "las acusaciones se basan en las mismas sospechas de 1999. No hay nada nuevo en el escrito del fiscal".