La Fiscalía demanda por los cobros indebidos de gas

La Fiscalía de Córdoba ha presentado en la Audiencia Provincial una "demanda de ejecución" para que Gas Natural devuelva los cobros que facturó a sus clientes andaluces de forma indebida entre 1997 y 2005. "Defendemos los intereses de todos los consumidores", dijo ayer José Antonio Martín Caro, fiscal jefe en Córdoba. La demanda se presentó el viernes pasado y lo que persigue la Fiscalía es que la empresa devuelva esos cobros irregulares sin que cada ciudadano afectado tenga que presentar una reclamación por su cuenta. "Se trata de defender un interés difuso", señaló Martín Caro.

El Tribunal Supremo acaba de ratificar una sentencia de la Audiencia de Córdoba en la que se declaró indebido el cobro que la empresa hizo de los derechos de alta entre 1997 y 2004 y de las instalaciones comunes entre 1997 y 2005. Su aplicación es para toda Andalucía y la compañía debe rembolsar el dinero que facturó irregularmente.

Tras hacerse pública la decisión del Tribunal Supremo la empresa puso a disposición de sus clientes un número de teléfono (902 250 365) a través del que los afectados pueden presentar su petición. Deberán adjuntar más tarde el contrato con Gas Natural y los justificantes de pago, que muchos clientes no conservan. Para la Fiscalía y el Ayuntamiento de Córdoba, que fue el que puso el caso en conocimiento del Ministerio Público en 2003, la fórmula propuesta por la compañía no es válida. Y piden que sea la propia empresa la que, sin necesidad de que el afectado lo pida, reembolse lo que cobró a sus clientes. Según Martín Caro, lo que se busca sólo es hacer cumplir la sentencia que se dictó en la Audiencia Provincial en 2003 y que el Supremo ha ratificado después de que Gas Natural decidiera retirar el recurso que había interpuesto en julio de este año.

El número exacto de afectados y la cantidad global que la compañía debe devolver sólo los conoce Gas Natural, que se niega a facilitar esos datos alegando que son difíciles de obtener. Sin embargo, el Ayuntamiento de Córdoba estima que unos 200.000 hogares pudieron sufrir esos cobros irregulares. Gas Natural Andalucía cobra 60 euros por los derechos de alta y 24 euros al año por la instalación comunitaria actualmente. Esas cantidades, suponiendo que no hayan variado, habría que multiplicarlas por los afectados para obtener la cifra global. En el caso de los derechos de alta, todos los clientes de Andalucía que entraron en Gas Natural entre 1997 y junio de 2004 están afectados, según la Fiscalía cordobesa y el Ayuntamiento.

Hasta la oficina municipal de consumo de Córdoba ya han llegado 1.400 reclamaciones en dos semanas. El Ayuntamiento "está a la espera" de ver si la empresa realiza los pagos sin necesidad de que se tramiten las peticiones. Además, en los próximos días está previsto que se produzca una reunión entre los representantes de la Fiscalía, del Consistorio y de Gas Natural.

La singularidad de este caso reside en que es la primera sentencia que se resuelve en España a favor de intereses difusos, de un colectivo de consumidores. La legislación española se adaptó en 2002 a la de la UE para permitir a la Fiscalía presentarse en un proceso para defender esos derechos difusos. El caso de Gas Natural arrancó en 2003 y la primera sentencia data de finales de ese año.