¿Un crimen sin pistas?

Un mes después del asesinato a tiros del alcalde de Polop de la Marina, el popular Alejandro Ponsoda, de 55 años, la autoría y móvil del crimen son una incógnita para el especializado equipo de agentes que dirige la investigación. Al amplio despliegue policial de los primeros días se sumó, por encargo directo del Ministerio del Interior, el equipo de policía judicial y científica que descifró el enmarañado homicidio de Miguel Grima, alcalde del pequeño municipio oscense de Fago. Sin embargo, ni siquiera la intervención de este equipo de élite ha desenredado un homicidio que sigue estremeciendo a este pequeño pueblo del interior de La Marina Baixa de apenas 4.000 habitantes. Los agentes mantienen abierta una doble vía de investigación: la actividad de Ponsoda como cargo público y su ámbito privado. En ambas direcciones, la policía ha interrogado a más de cien personas en las últimas semanas, y ha preguntado incluso a periodistas locales y comarcales.

La preocupación entre los vecinos de Polop, aparte de la lógica conmoción por la muerte violenta de un ser humano, crece ante el aparente estancamiento de la investigación, que no arroja ningún dato concreto tras casi un mes del tiroteo. Pese al amplio abanico de especulaciones y conjeturas sobre las líneas seguidas por la policía para dilucidar la autoría del crimen, poco o nada ha trascendido de fuentes directas de la Unidad de Crimen Organizado de la Guardia Civil. Desde entonces, el grupo se ha instalado en Polop para indagar en exclusiva el asesinato.

"Lo mismo se queda sin resolver", apunta Juan Buades. La opinión de este vecino de Polop es compartida por muchos. "Es muy complicado, porque puede ser que sus asesinos no sean de aquí", apostilla. No son pocos los que temen que el caso de Ponsoda engorde la lista de crímenes impunes."Todo sigue igual. Desde su entierro no hemos vuelto a tener más noticias", masculla José Zaragoza, un anciano de la localidad. "Confiemos en que no. Si resolvieron la muerte violenta del alcalde de Fago, tenemos que tener la esperanza de que aquí ocurra lo mismo".

El ambiente en el pueblo bascula entre el nerviosismo y el temor. "Desde entonces, a mí me da miedo caminar por la calle a ciertas horas del día. No sabemos si el asesino anda suelto por aquí", se queja una mujer de mediana edad que rehúsa dar su identidad. Otra asiente con la cabeza, pero cuando se le pregunta por su nombre contesta: "Mira, aquí nadie queremos hablar porque tenemos miedo".

A medida que el blindaje oficial sobre el estado de las pesquisas del crimen se acentúa, en el pueblo arrecia la rumorología a cuenta del motivo que empujó en la madrugada del 20 de octubre al autor o autores a descerrajar a sangre fría dos tiros al regidor municipal. Los comentarios llegan incluso a salpicar la vida ejemplar que aparentemente llevaba Alejandro Ponsoda, apodado el frailet (curilla) por su gran devoción religiosa. Públicamente, su vida íntima era cristalina, sin claroscuros. Por eso, los agentes llegaron a interrogar a profesionales de medios de comunicación de la zona por si estos poseían algún dato del trastero vital del regidor desapercibido para el resto de la población.

De hecho, la presencia de un destacado grupo de inmigrantes (esencialmente senegaleses y suramericanos) en la capilla ardiente de Ponsoda ratifica que el regidor era apreciado no sólo por los autóctonos, sino también por los colectivos más desfavorecidos.

Pero el aplauso hacia su gestión y su persona no era unánime. Con su política urbanística, Ponsoda se granjeó la enemistad de perjudicados por sus resoluciones, según profesionales de la abogacía relacionados con litigios urbanísticos de la comarca que prefieren mantenerse en el anonimato. Entre los letrados se comentan situaciones de tensión y conflicto relacionados con la gestión urbanística de Ponsoda.

Fue precisamente el urbanismo la primera hipótesis de trabajo de la policía al investigar el crimen. Horas después del tiroteo, los agentes interrogaron a un matrimonio de origen vasco-francés que públicamente amenazó de muerte al regidor por expropiarle casi 400 metros de su parcela privada, pero de las pruebas practicadas y de sus declaraciones no se apreció ningún indicio de una supuesta implicación en el caso. Los interrogatorios, a más de un centenar de personas en total, se ampliaron a otros perjudicados por expropiaciones o recalificaciones.

Después de que esta vía se deshinchara día a día y dada la extraordinaria conmoción que despertó el brutal crimen, el Ministerio del Interior envió un cualificado equipo en investigación, el mismo que esclareció el crimen de la localidad de Fago, donde un vecino mató al alcalde. Sin embargo, un mes después, no hay detenidos y la información oficial y oficiosa sobre el curso de la investigación es nula. Ni siquiera efectivos de policía judicial y científica de la provincia de Alicante conocen el estado de las indagaciones de la UCO de la Guardia Civil, señalan algunos agentes. La desinformación empieza a hacer mella entre los vecinos, como reconoce el sucesor del primer edil asesinado, Juan Cano: "La gente necesita ya saber quién y por qué disparó contra Ponsoda".