La última ofensiva de Sacyr

Luis del Rivero ha vuelto a coger el fusil. Dispuesto a resolver los problemas como sea. O se queda con Eiffage o le saca las máximas plusvalías a su inversión. En 2006, el presidente de Sacyr Vallehermoso intentó controlar el grupo francés y, a pesar de llegar al 33% del capital, se encontró con la oposición frontal de la empresa en pleno (su presidente, los ejecutivos, los empleados), algunos aliados y el mismo Gobierno francés.

El conflicto alcanzó dimensiones de Estado que obligaron a intervenir al Ejecutivo español que, en una carta enviada a la Embajada francesa, se quejaba del trato a la empresa española. "La primera irregularidad es retirar el voto al 18% del capital; la segunda, cerrar los ojos ante la concertación del bando francés, y, como eso no bastaba, la tercera es que el sector público francés vote de manera patriótica negando representación al accionista mayoritario, de un país amigo y socio en la UE", decía. El propio presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, intervino ante Jacques Chirac en una cumbre de jefes de Gobierno celebrada en Alemania.

Sacyr está decidida a acudir a los tribunales europeos si no consigue que la justicia francesa le dé la razón para quedarse con Eiffage

Así se había puesto el asunto después de que Sacyr intentase sentar a varios representantes en el consejo de la constructora francesa en la que había entrado tras perder la privatización de las autopistas francesas, donde Eiffage está presente. Entonces se encontró con que el presidente de Eiffage, Jean-François Roverato, retiró el voto a 89 accionistas españoles, que representaban el 17,5% del capital (entre ellos, la empresa Reyat y el empresario Luis Portillo), con el pretexto de que estaban concertados. Roverato logró el apoyo de los accionistas franceses, entre los que figuran la sociedad pública Caisse de Dêpots (CDC), con el 8%; Groupama (3,2%); AXA (1,5%); los empleados (22%), y los directivos (5%).

Morder el polvo

La respuesta de Sacyr, tras morder el polvo, fue lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% de Eiffage a razón de cinco acciones propias por cada 12 del grupo francés, condicionada al 60% del capital. Sacyr y Eiffage formarían el cuarto grupo constructor de Europa.

Roverato logró incluso que el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado francés, Philippe Marini, recomendara en una carta dirigida a la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), la CNMV francesa, el veto a la OPA pues, según él, "supondría un precedente dudoso, que incitaría a otros oferentes a tratar de obtener el control económico de otras empresas afectadas sin pagar el precio justo".

Sacyr contrató a uno de los despachos de abogados más prestigiosos de París (Darrois-Villey-Maillot-Brochier) y llevó el caso a los tribunales. Ahora es la Corte de Apelación francesa la que debe decidir sobre el asunto. El plazo acaba el 8 de febrero, fecha en que cada parte debe presentar sus conclusiones, salvo que antes alcancen un acuerdo.

Ahora, Sacyr ha presentado ante el tribunal parisiense un escrito en el que acusa a la AMF de haber ocultado datos a su consejo, el órgano supremo de la institución. En un segundo escrito de observaciones completaba la serie de duras acusaciones en las que calificaba de "incorrecta, parcial y desleal" la actuación de la AMF. En este nuevo escrito, la empresa española denuncia que la AMF no entregó a su consejo la carta de los consejeros de la empresa en la que éstos aseguran que no hubo concertación con otros accionistas españoles y que tampoco comunicó las actas de las entrevistas realizadas a seis de esos accionistas.

Al ocultamiento de pruebas, Sacyr añade que la autoridad bursátil tomó sus decisiones sin haber tenido pruebas de la concertación, y que así lo reconoció en una nota de la dirección de asuntos jurídicos del organismo enviada al consejo de la AMF: "La incapacidad de la AMF, en el estado actual del expediente, para probar directamente que haya habido un acuerdo entre Sacyr y otros accionistas".

Ante estas circunstancias, Sacyr espera que el caso se resuelva a su favor. Incluso, algunas fuentes consultadas sostienen que podría llegarse a un acuerdo antes de cumplir el plazo, sobre todo teniendo en cuenta que el caso ha llegado a los Gobiernos de los países para que intermedien en el asunto. Desde luego, la actitud de Roverato no va por ese camino ni mucho menos, pero en este mundo de los negocios nunca se sabe.

En cualquier caso, ésta es una de las soluciones posibles. Y si Eiffage cede ante la evidencia de que la justicia no le va a dar la razón, Sacyr retiraría el recurso, y evidentemente retomaría el camino de la oferta que fue rechazada en su día. Cabe la posibilidad de que el orgulloso Roverato busque un comprador para las acciones de Sacyr antes de permitir que esta empresa entre en el capital de Eiffage. Está claro que el grupo español no vendería por menos de 85 euros por acción, lo que le daría unas plusvalías de 800 millones de euros. Otra salida es que Sacyr reciba activos de Eiffage por el valor de su participación, pero esos activos serían escogidos por Sacyr, no admitiría cualquiera. Es decir, Sacyr está decidida a quedarse, pero si tiene que abandonar el proyecto Eiffage lo quiere hacer con la cabeza alta y sustanciosas plusvalías.

Queda la solución judicial. Si ninguna de las tres opciones anteriores sale adelante, deberán resolver los tribunales. Y si los tribunales dan la razón a la firma española, volvería a sustanciarse la OPA. En el caso de que pierda, algo que los abogados de Sacyr consideran poco probable, entonces acudirían a instancias más altas de la UE. Es más, las fuentes consultadas consideran que el caso tenía que haber llegado a Bruselas desde el principio ya que las dos empresas tienen dimensión comunitaria.

En todo el proceso, Sacyr ha tratado de desarmar las teorías de Roverato acusando a éste de haber orquestado una concertación a la francesa, ya que el presidente de la compañía reunió el voto de los asalariados y cuadros, la CDC y varias entidades. También sostienen que Roverato diseñó la compra del 6% del capital que tenía el financiero belga Albert Frère (CNP). Según sus argumentos, los votos de la CDC y los empleados resultaron fundamentales para frenar sus intereses.

Sacyr destacaba, además, el hecho de que la CDC es una entidad pública y que el Gobierno francés se prestara a que se utilizase dicha entidad para oponerse a una empresa comunitaria.

Paralelamente a este proceso, se ha desarrollado el que debe resolver el Tribunal de Nanterre sobre la validez de la junta de accionistas en la que Eiffage vetó el voto de los accionistas españoles, a los que acusaba de estar concertados con Sacyr. El plazo terminaba la próxima semana, pero el juez decidió aplazarlo hasta el 20 de diciembre a petición de Roverato y sin tener en cuenta los argumentos de Reyat, que solicitó lo contrario.