El juez deja en libertad a cuatro detenidos por la 'Operación Guateque'

El juez de guardia, Francisco Javier Teijeiro, ha dejado esta madrugada en libertad a cuatro de los 17 implicados en la trama de corrupción municipal desmantelada por la Guardia Civil dentro de la llamada Operación Guateque. El magistrado también ha fijado una fianza de 3.000 euros para un quinto implicado, según ha informado uno de los abogados de la defensa.

El fiscal que entiende del caso pidió ayer la entrada en prisión de otros cinco detenidos. El juez de guardia tenía previsto decidir sobre los mismos a lo largo de esta madrugada, según fuentes del caso.

Los detenidos por la supuesta trama de corrupción en la concesión de licencias de bares y locales comerciales en Madrid comenzaron a declarar ayer en el Juzgado de Instrucción número 30 de la capital. Los imputados llegaron a las nueve de la mañana en varios furgones desde la Comandancia de la Guardia Civil, con sede en Tres Cantos, a los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid.

Los detenidos, un empresario y 16 funcionarios municipales de la Gerencia de Urbanismo y de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid y de las juntas de distrito de Centro, Chamberí y San Blas, comenzaron a declarar a las 17.30. Ayer se cumplían 72 horas desde que fueran detenidos -el máximo que dicta la ley para pasar a disposición judicial-.

Una de las detenidas por la Operación Guateque habló a través de los barrotes de los calabozos del juzgado por la mañana: "Es como si te hubiesen dado un mazazo en la cabeza, pero yo estoy tranquila porque no tengo nada. Me han implicado en algo de lo que no soy responsable. Hay algunos que están bastante mal, los pedazo de cabrones que están metidos en el tema", afirmó en declaraciones a la cadena SER. Fueron las únicas palabras que se escucharon de los detenidos. La Guardia Civil impidió que ningún periodista se volviera a acercar a los ventanucos de las celdas para hablar con los detenidos.

Los abogados de los imputados no quisieron hacer ninguna declaración. Por la mañana se limitaron a informar de que sus defendidos declararían por la tarde. A las 16.30, los letrados volvieron a los juzgados, después de haberse ido a comer. Entonces tampoco quisieron comentar nada. El mutismo fue prácticamente total durante todo el día. Tan sólo dos de los letrados aseguraron, en la madrugada de hoy, que no declararían los 17 imputados. "Sólo hay diez. Te lo aseguro", dijo uno de los abogados defensores. Sin embargo, otras fuentes cercanas al caso habían hablado de que podían ser 14.

Todo esto contribuyó a crear cierta confusión entre la veintena de periodistas que hicieron guardia ante la puerta de los juzgados de instrucción de Madrid, de donde nadie salió a informar ni confirmar la cantidad de imputados que declararían ni la hora aproximada a la que terminarían.

Los 16 funcionarios y técnicos del Ayuntamiento llevan detenidos desde el miércoles en dependencias de la Guardia Civil, mientras que el empresario se encuentra arrestado desde el viernes.

Por otra parte, la propuesta del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, de privatizar la tramitación de licencias para bares y locales, volvió a suscitar una reacción ayer. Esta vez la voz en contra vino del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, que calificaron de "barbaridad" la iniciativa del alcalde. El presidente del Colegio, Santiago Lorenzo, mostró su oposición a contratar empresas externas que certifiquen que los diferentes locales cumplen todos los requisitos para obtener las licencias "ya que conseguirían lo contrario que se proponen, que es agilizar los trámites", según informó Europa Press. "Los plazos no se reducirían. Se ampliarían", dijo Lorenzo, que añadió que además "se conseguiría lo contrario que se proponen, que es agilizar los trámites".

La voz en contra de Lorenzo se une a la que ya transmitieron los funcionarios el jueves. Fernando Sánchez, de UGT, habló de "ocurrencia equivocada", al tiempo que señaló que "privatizar significa una alternativa que sólo debilitará el control administrativo".

"El PP es incapaz"

Quien también se opone a la privatización propuesta por Ruiz-Gallardón es el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. "Esto querría decir que el gobierno municipal del PP se siente incapaz de prestar ese servicio a sus ciudadanos", teorizó Gómez. El líder del PSM reclamó que la comisión de investigación parlamentaria que el consistorio madrileño ha aceptado crear se ponga a trabajar "con carácter inminente e inmediato". Según Gómez, la comisión de investigación no debe esperar a que se levante el secreto de sumario judicial, tal y como prefiere Gallardón.

Según Gómez, el caso Guateque existe porque el alcalde y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, sólo se ocupan de su "batalla partidaria" y de la "sucesión" del presidente del PP, Mariano Rajoy. "Están inmersos en una batalla partidaria y además están usando las instituciones en esa lucha", afirmó Gómez.