Una comisión decidirá caso a caso el crecimiento de los pueblos

La presión ejercida por alcaldes de todos los partidos y especialmente del PSOE, ha sido determinante para que la consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez del Castillo, haya admitido al fin flexibilizar para los municipios menores de 10.000 habitantes el límite de crecimiento que impone el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Pero en los últimos meses también ha habido dentro de la consejería un proceso de convencimiento propio sobre lo inapropiado de imponer el mismo

límite para todos los municipios, independientemente de cual fuera su tamaño, su ubicación, o su perfil socioeconómico.

Los numerosos informes emitidos desde que hace 11 meses se aprobó el POTA han permitido ver que existen muchos municipios donde los equipamientos públicos ya existentes tienen capacidad para satisfacer crecimientos poblacionales superiores al 30%, el límite impuesto por el plan. Lo que la Junta quería evitar con esta limitación es la proliferación de núcleos urbanos sin las adecuadas dotaciones públicas y procurar un crecimiento más ordenado y programado, pero ese fenómeno se ha dado sobre todo en los municipios de las áreas metropolitanas que han crecido en aluvión y a los que ese tope del 30% apenas plantea inconvenientes.

Los municipios de menos de 10.000 habitantes, por el contrario, no han experimentado tanta presión y han crecido en la última década por debajo de la media regional. La Junta finalmente ha decidido "transigir" con éstos en la aplicación del POTA, según el término empleado por un miembro del Gobierno.

Desde el mes de septiembre, Gutiérrez y la secretaria de Política Municipal de la ejecutiva regional del PSOE, Carmen Tovar, se han entrevistado con cerca de 500 alcaldes socialistas, que reclamaban interpretar con distinta mirada la situación de los pueblos pequeños. Una vez que el acuerdo interno estaba ahormado éste se trasladó a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el ámbito donde se ha conversado con la oposición.

Para el PSOE, los ayuntamientos son la clave del éxito del Pacto por la Vivienda que pretende Chaves para construir 350.000 casas de protección en la próxima década. Paralelamente a las reuniones con los alcaldes socialistas, el propio presidente de la Junta y los miembros del Gobierno han celebrado reuniones reservadas con otros sectores implicados para que la negociación llegue a buen puerto.

Pero el plan no se va a modificar, sino que se "flexibilizan sus criterios de aplicación", a no ser que un dictamen encargado por la consejería aconseje lo contrario.

La norma 45 del POTA establece que un municipio no podrá incluir en su planeamiento urbanístico a ocho años vista un crecimiento poblacional superior al 30%, ni incrementar el suelo urbanizable por encima del 40% del existente. Los municipios menores de 10.000 habitantes podrán ser excepción y superar estos márgenes con porcentajes distintos en función del número de habitantes (entre 10.000 y 5.0000, entre 5.000 y 2.000 y para los menores de 2.000). Son en total 626 municipios que suman una población de 1.612.000 habitantes, menos de la quinta parte de la comunidad autónoma pese a que son el 81% de los ayuntamientos.

Con todo, cada caso será tratado de forma individualizada, y será la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanismo, constituida el pasado mes de abril. La comisión, a la que pertenecen miembros de todas las consejerías de la Junta y de las agencias del Agua y de la Energía, se pronunciará sobre la suficiencia de las infraestructuras, de forma que, según la consejería, no se aprobará ni una sola excepción a los crecimientos previstos en la norma 45 del POTA si los equipamientos públicos no son suficientes para toda la población.

La Junta también va a "transigir" con un segundo aspecto que afecta a todos los municipios, y es que no se computarán los suelos industriales para el cálculo del 40% máximo de nuevo suelo urbanizable que se permite en un plan. La consejería ya había excluido de este cómputo a los suelos de infraestructuras de interés estratégico y a los que reservan para algún uso público los planes subregionales de ordenación.