Municipios asfixiados

Tenemos un problema. Los municipios gallegos no cuentan con recursos suficientes para garantizar la prestación de los servicios locales a un nivel equiparable al del resto de España y los países europeos más avanzados. Es una anomalía difícil de entender para los analistas foráneos, aunque con un origen fácilmente identificable: la muy reducida presión fiscal local. Con la excepción de las siete principales ciudades y un puñado de municipios con población inferior a los 50.000 habitantes, los gallegos no pagan suficientes tributos a sus ayuntamientos. La paradoja es que los gallegos no defraudan más que la media en el caso de impuestos estatales o autonómicos, y que la normativa fiscal es prácticamente la misma aquí que en el resto de España. El rechazo diferencial a los tributos se circunscribe al espacio local.

El mejor alcalde resulta el más 'conseguidor', el que logra más ayudas públicas e inversiones

Los tres interrogantes a responder conciernen a las causas de esta abstinencia fiscal, sus consecuencias, y las posibles soluciones.

Las causas se sitúan en dos niveles. Uno, más profundo, de naturaleza política. El intercambio habitual en otros territorios entre impuestos y votos, de un lado, y servicios, de otro, es sustituido en Galicia por operaciones en las que favores (asfaltado de pistas, puntos de luz, contratos laborales...) y laxitudes legales discriminatorias (en materia urbanística, por ejemplo) ganan espacio a exacciones fiscales y bienes públicos. Probablemente, esta realidad deberían investigarla con mayor intensidad politólogos y sociólogos.

En un plano más superficial e inmediato, la abstinencia fiscal tiene que ver con que los municipios se hallan atrapados en una suerte de equilibrio de Nash, en la terminología de la Teoría de Juegos. En síntesis, el problema es que un gobierno local que unilateralmente pretenda subir impuestos va a encontrarse, muy probablemente, con un vigoroso rechazo social.

La revuelta fiscal en A Estrada hace un par de años es un buen ejemplo. Los alcaldes, temerosos de que normalizar sus tributos cuando los municipios del entorno mantienen bajos los tipos impositivos les cueste el cargo, renuncian a converger fiscalmente con el resto de España y se convierten en peticionarios crónicos en diputaciones y consellerías.

El mejor alcalde resulta ser el que consigue más inversiones y subvenciones para el pueblo, el mejor conseguidor. Por supuesto, esos dineros de más en ese municipio suponen menos recursos para servicios autonómicos como la sanidad o la educación; y dejan con cara de tonto a los vecinos del pueblo de al lado que deben pagar por lo que otros consiguen gratis. La cosa ha llegado hasta el punto de que muchos responsables locales lo declaran sin rubor.

Y aquí aparecen las consecuencias: gobiernos locales débiles y menesterosos; abono para relaciones clientelares; servicios públicos locales deficientes; incapacidad para contar con recursos humanos apropiados para la gestión de materias complejas como el urbanismo, la fiscalidad o el medio ambiente. ¿Qué sentido tiene ponerse a discutir sobre la descentralización de nuevas competencias cuando a duras penas se puede con las actuales?

Por todo lo anterior, creo que es urgente incrementar de forma significativa los recursos en manos de los ayuntamientos. Y hacerlo de la mejor forma: elevando los tributos locales: impuestos y tasas. Mi propuesta es ayudar a los alcaldes, haciendo que el esfuerzo fiscal de un ayuntamiento se convierta, al menos de forma transitoria, en una variable fundamental en el reparto de transferencias regladas y en la propia probabilidad de firma de convenios con la Xunta.

El alcalde debe poder explicar a sus ciudadanos que cada euro más de tributos locales va a suponer un aumento de los apoyos financieros autonómicos. Probablemente no se trate de transferir un volumen global de recursos superior, sino de reasignarlo dando preferencia a quien opte por esforzarse y converger hacia unos mínimos razonables. Estándares que Xunta y Fegamp deberían negociar bilateralmente. Unos municipios más ricos serán unos municipios más fuertes, generadores de mayor capital social, y mejores prestadores de servicios locales.

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