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Tribuna:

Un juez valiente

Sobre las 22.45 horas del pasado 7 de octubre, en un tren de cercanías de Barcelona, no en el metro, un varón manoseó y golpeó a una menor ecuatoriana con insultos xenófobos, y, finalmente, le propinó un patadón sobrecogedor dirigido al rostro.

Es conveniente que se sepa que en el mismo vagón, en el momento de la agresión, viajaban varias personas más. Tan sólo una de ellas, un ciudadano argentino, consoló a la agredida, aconsejándole que denunciara telefónicamente la agresión. Así lo hizo la víctima. Por ello, al llegar a su estación de destino, la Guardia Civil la atendió y acompañó, ofreciéndole que denunciara los hechos formalmente y que acudiera a un médico. Ella no quiso hacerlo. Sus pequeños problemas domésticos, por llegar tarde a casa, eran prioritarios, como para tantos adolescentes.

"El juez del caso dio muestras de una especial serenidad y prudencia. Y no era fácil ante la exigente presión mediática"

La Guardia Civil, no obstante, comenzó sus actuaciones. El día 19 el agresor era detenido. Esto no habría sido posible sin la ayuda y el consejo del viajero argentino, el cual, debe saberse, también había sido objeto de amenazas racistas por parte del iracundo agresor.

El día 22 las televisiones difundieron el DVD de las cámaras de seguridad del tren. La nítida difusión de la imagen del testigo, que tan injustas ofensas le depararon, debió ser evitada, porque su único destino debe ser la autoridad judicial, pero no la pública exhibición de la imagen indiscutiblemente amparada por el derecho a la intimidad, que no fue respetado.

El detenido fue presentado ante el juez de guardia. La víctima no compareció. El juez, por ello, no dispuso de testimonio directo de los hechos, ni de evidencia objetiva de las posibles lesiones. Estimó que el asunto era leve, le pareció innecesario convocar al fiscal, que estaba interviniendo en otro interrogatorio en otro juzgado próximo, y remitió las actuaciones al juez competente para seguir la investigación. La razonable incomprensión y la justificada indignación generalizadas que esto provocó llegaron al juez y fiscal competentes, antes que los papeles. El día 25 el fiscal, conocidas las actuaciones, pidió la prisión del agresor. Para él los hechos no eran leves, a pesar de que la brutal patada, afortunadamente, no alcanzó el rostro de la muchacha, sino el hombro, produciendo un simple hematoma. La agresión constituía un trato degradante, con menoscabo de la integridad moral de la víctima, que nunca se puede estimar como leve.

El juez competente, no obstante, decidió no encarcelar al agresor. En su auto del 25 de octubre explicó que para evitar nuevas agresiones, en vez de la prisión, bastaba con imponer al acusado la prohibición de acercarse a la víctima menos de un kilómetro, o comunicarse con ella de ningún modo, prohibiéndole, además, viajar en aquel tren de cercanías, y acudir a otras localidades distintas de la de su residencia y las inmediatas, sin autorización judicial. Para asegurar su vigilancia le ordenó presentarse a la policía de su pueblo por la mañana y por la tarde, cada día, todo ello hasta el día en que se celebre el juicio.

Se podrá estar de acuerdo con la decisión judicial, o en desacuerdo, como lo hace el fiscal. Pero, en todo caso debe convenirse que el juez dio muestras de una especial serenidad y prudencia. Y no era fácil. La presión mediática en demanda de prisión adquirió caracteres de exigencia. El Consejo General del Poder Judicial, tan necesitado de discreción como ayuno de prestigio, decidió ser también protagonista del incidente, y, al parecer, abrió unas diligencias informativas, que seguramente sólo servirán para confirmar la efectiva prudencia y serenidad de este juez, y, en todo caso, además, para poner de manifiesto su innegable valentía.

El agresor, en breve, tendrá su juicio. Otro juez distinto de los anteriores oirá al acusado, a la víctima, examinará las pruebas y dictará sentencia. Los ciudadanos, y los medios de comunicación, tendrán ocasión y derecho, de conocer, valorar, aplaudir o criticar lo que se decida. Pero, en todo caso, es deseable, y exigible, que se decida sin pasión, al margen de presiones, con equidad y serenidad. Que buena falta nos hace.

José María Mena es fiscal jubilado. Ha sido fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 17 de noviembre de 2007