La juez pide que los ediles de Huércal-Overa aclaren pagos

Durante algo más de cinco horas prestaron ayer declaración ante el Juzgado número dos de Huércal-Overa el socialista Luis García Collado, alcalde de esta localidad de 15.000 habitantes, dos ediles del equipo de gobierno, un empresario y un técnico municipal acusados de presunta prevaricación y tráfico de influencias en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La juez solicitó a las partes que entreguen, antes de que concluya la semana próxima, nueva documentación, principalmente planos y justificantes de pagos, que contribuya a esclarecer si durante la tramitación del PGOU se produjeron desvíos de fondos derivados de la compra de suelos rústicos recalificados posteriormente como urbanizables.

El primer edil, que testificó durante cerca de dos horas en las que se negó a responder a las cuestiones planteadas por la acusación popular, ejercida por el PP , dijo que acreditó que "ni se prevaricó, ni se cometió irregularidad alguna". García Collado confió en el sobreseimiento de esta causa y anunció una demanda contra el PP por supuesta difamación.

El portavoz popular de Huércal-Overa, Diego Ortega, reiteró la acusación que sostienen contra él y aseguró que la declaración del primer edil ante el juzgado estuvo plagada de vaguedad, ambigüedad y falsedad.

La Fiscalía de la Audiencia de Almería, que demandó la apertura de diligencias al juzgado de Huércal-Overa, se hizo eco de una denuncia del PP, desestimada en su día por la Fiscalía Anticorrupción, en la que este partido acusaba al alcalde y a otros dos ediles del desvío de hasta 800 millones de euros obtenidos mediante la recalificación irregular de suelos.