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El asalto al Constitucional

La presidenta denuncia un "intento de desestabilización intolerable"

"Se oyen voces desde la política y los medios de comunicación poco respetuosas"

La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, sometida en los últimos meses a una operación de acoso y derribo por parte del PP, que ha recurrido la reforma legal del Gobierno para prorrogar su mandato, estalló ayer. En una conferencia pronunciada en el Parlamento de Navarra para conmemorar el XXV aniversario del Amejoramiento del Fuero, Casas confesó que el máximo órgano judicial pasa por "momentos de dificultades o turbulencias", pero "pese a los intentos de desestabilización intolerables, saldrá fortalecido por la única vía que es posible, a través del ejercicio de la jurisdicción constitucional".

Casas subraya que la institución ejerce su tarea "de manera impecable"

El Constitucional vive una de sus mayores crisis, agravada por los últimos episodios de recusaciones de magistrados, en el momento en el que tiene que dirimir media docena de recursos de inconstitucionalidad contra leyes que han desatado un enfrentamiento brutal entre el PP y el Gobierno, como la del Estatuto catalán o la del matrimonio de homosexuales.

El PP recusó hace dos semanas a tres magistrados progresistas basándose en una información del diario El Mundo que han desmentido por escrito y con su firma tanto los magistrados conservadores, elegidos a propuesta del PP, como los progresistas.

La recusación del PP ha puesto al organismo al borde del bloqueo ya que se da la circunstancia de que si los tres magistrados recusados -todos ellos progresistas- no entran en la deliberación de la causa que les afecta, como deberían hacer en función de las normas aplicadas a estos casos, el pleno no se podría reunir pues no habría quórum suficiente.

La presidenta del Constitucional, que voluntariamente se abstuvo de participar en la deliberación del recurso del PP al entender que era parte interesada en el mismo, aseguró ayer en Pamplona que está "especialmente" preocupada porque se "oyen voces tanto desde la política como desde algunos medios de comunicación poco respetuosas hacia el Tribunal Constitucional".

Casas afirmó que algunas declaraciones que han salido de esos foros -políticos y medios de comunicación- han sido "irresponsables" y exigió "respeto" para el organismo "que ejerce su tarea y la seguirá ejerciendo de manera impecable". "Creo imprescindible que entre todos evitemos que el tribunal sea objeto de cuestionamientos que provocan inevitablemente una pérdida de sentido institucional", señaló. "Si persiste el cuestionamiento" del máximo órgano judicial, "esta situación terminará arrebatándonos las coordenadas definitorias de cada institución, del papel que a cada institución le corresponde para arrojarnos en una confusión preocupante con riesgo de desconocimiento del papel que cada institución tiene en la Constitución".

Por ello, Casas consideró esencial "estimular una cultura constitucional en la que todos debamos respeto y confianza a la Constitución, a las instituciones por ella creadas, y desde luego, a su intérprete supremo". "El Constitucional necesita en todo momento de la cooperación y del respeto de los demás poderes públicos y de los ciudadanos", remachó.

Batalla por el control del tribunal, con la renovación pendiente

El recurso planteado por el Partido Popular contra la reforma legal que permite la prórroga del mandato de la progresista María Emilia Casas al frente del Constitucional es clave para las distintas estrategias políticas de los próximos meses.

Si el recurso prospera, el PP podría facilitar el control del alto tribunal por el sector conservador (seis magistrados), que podría colocar a uno de sus candidatos al frente del organismo para dirimir los empates que se produzcan en las deliberaciones.

Si el recurso no prospera, el sector progresista mantendría en su poder la presidencia del organismo, clave en las votaciones cuando hay, como ahora, un empate.

Mientras tanto, en el Senado se han acelerado los trámites para impulsar la renovación de cuatro miembros del Constitucional, cuyo mandato finalizará el próximo diciembre.

Esa renovación, que precisa del voto del PP, pues se requiere una mayoría cualificada, dejaría a los progresistas con mayoría absoluta en el tribunal para los próximos años y con recursos pendientes tan importantes como el del nuevo Estatuto de Cataluña. El PP ya ha anunciado su intención de bloquear esa renovación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de noviembre de 2007

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