Alperi estudia permutar Agua Amarga por solares de la ciudad

"Creo que Urbanismo tiene un informe técnico en cuanto a un estudio de posibles valoraciones y repercusiones de distintas zonas de Alicante para que lo que se ha llamado siempre las Salinas pasen a ser de dominio público", desveló ayer el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, en referencia a la zona del humedal de Agua Amarga.

El Ayuntamiento dice estar interesado en quedarse unos dos millones de metros cuadrados que la empresa Kelme posee en el humedal y que precisamente el Gobierno está dispuesto a comprar para incorporarlos al dominio público de la costa. De esta forma, Alperi baraja convertir el área en zona verde y compensar a Kelme con solares edificables, mientras el Ministerio de Medio Ambiente garantiza el uso público sin que pueda someterse a eventuales reclasificaciones.

La actitud de Alperi plantea algunas incógnitas que el alcalde no despejó ayer. ¿Por qué no dejar que compre los terrenos el Ministerio de Medio Ambiente, que hace un año planteó a Kelme una oferta? ¿Cómo piensa pagarlos el Ayuntamiento? Alperi se escudó en que la negociación aún no ha empezado, pero también confirmó el compromiso, incluido en su programa electoral, de "quedarse con esas zonas verdes" que se incluirían en el Plan General.

A diferencia de lo que plantea el regidor, la oferta del Gobierno descarta la permuta y sigue a la espera de que Kelme, empresa tutelada por el Instituto Valenciano de Finanzas, le haga una petición económica, según fuentes de la jefatura provincial de Costas. Pese a ello, el alcalde insistió en que el Ayuntamiento negocia con el ministerio "un convenio para desarrollar los humedales, adecentarlos y hacer una lámina de agua, aprovechable por los ciudadanos".

Muchas dudas planean sobre el futuro del saladar de Agua Amarga. Dos millones de metros cuadrados en primera línea de costa despiertan el interés de cualquier promotor. Sin embargo, según recordaba ayer Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción, la zona, incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas desde el año 2002, "es un terreno no urbanizable común, y cuando se revise el PGOU pasará a ser de especial protección". Eso según la teoría y si nada cambia.

Pero llaman la atención algunas actuaciones que ha venido realizando el Ayuntamiento durante los últimos meses. Sin ir más lejos, la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, del PP, llevó al pleno del mes de septiembre una propuesta algo insólita: instar al Ministerio de Medio Ambiente, que tiene las competencias sobre los viales de las áreas de costas, a que autorizara al Ayuntamiento de Alicante a mejorar la carretera de acceso a la zona. En aquella sesión, según fuentes municipales, la edil desveló la intención que tenía el equipo que preside Luis Díaz Alperi de construir un nuevo paseo marítimo y un carril bici. Una propuesta, la del paseo, que ya está contemplada en los planes del ministerio y en los de la Generalitat.

Pero no todas las reformas que se acometen en primera línea de mar y junto a un humedal son iguales. Un experto urbanista consultado ayer por este periódico, y que prefiere mantenerse en el anonimato, explicó que "colocar más o menos hormigón para hacer un paseo frente al mar tiene consecuencias muy distintas". Según varias fuentes consultadas, si se mejoran o modifican los accesos, y no se ejecuta el plan previsto por el ministerio de recuperación de las dunas y de la zona húmeda, las salinas actuales modificarían su ritmo de corrientes marinas, ya que se levantaría una nueva barrera. Una vez que este paraje virgen, de dos millones de metros cuadrados, dejara de estar en relación directa con el mar, se iría secando, y podría incluso dejar de ser catalogado como zona protegida. "Y sin protección se pueden levantar unos apartamentos con preciosas vistas a la laguna y al mar", admitió este experto, quien espera que no se esté gestando "un Plan Rabassa 2". Este periódico intentó ayer, sin éxito, conocer la opinión de la edil Sonia Castedo y del Gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, sobre el asunto.

Por su lado, Carlos Gómez Gil, de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), no alcanzaba a entender por qué motivos, "si el Ministerio quiere comprar estos terrenos para protegerlos, el Ayuntamiento tiene interés en adquirirlos también". Para la PIC es "irrenunciable" que estas lagunas sean públicas y se regeneren.