Objetivo: reducir la pobreza en Argentina

Cuando Cristina Kirchner jure como la primera mujer elegida presidenta en la historia de Argentina, el próximo 10 de diciembre, recibirá de su marido, el presidente Néstor Kirchner, no sólo la banda presidencial, sino una economía con buenas variables macroeconómicas pero embarcada en un peligroso rumbo que obligará a su administración a adoptar soluciones algo alejadas de la línea marcada por su marido.

La presidenta electa ya ha anunciado el eje fundamental de su gestión económica: un gran pacto social que permita la reducción de la pobreza, pero para lograrlo tendrá que modificar algunas de las características del Gobierno saliente y ahí se verá hasta qué punto hay continuidad en la gestión de los Kirchner.

La nueva presidenta quiere paz social, moderando los precios y con más empleo, para que la inversión alcance el 27% del PIB en 2009

Para firmar el acuerdo que garantice la estabilidad y el crecimiento, Cristina Kirchner tendrá que sentarse en la misma mesa con sindicatos y empresarios. La presidenta electa ya tiene elaborado un avanzado borrador en el que se recogen los aspectos más importantes de la negociación. El objetivo concreto es conseguir que la inversión alcance en 2009 el 27% de producto interior bruto, y para ello el acuerdo debe garantizar la paz social, moderando los precios e incentivando la creación de empleo.

Pero la nueva presidenta se enfrenta a dos obstáculos, uno heredado de la gestión de Néstor Kirchner y el otro derivado de la sinuosa realidad sindical peronista. El actual Gobierno argentino sufre uno de sus mayores déficit de credibilidad en la elaboración de índices oficiales, después de que a comienzos de este año el presidente ordenara la intervención del organismo encargado de ello, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), descontento porque las cifras de inflación que reflejaba eran superiores a los anuncios del Gobierno. El resultado es que, mientras la Administración habla de una inflación en torno al 9%, empresarios, sindicatos y consumidores cifran el aumento en un 20% anual con preocupante tendencia al incremento.

Mejora salarial

El plan impulsado por la presidenta electa establece una mejora mínima en los salarios de la inflación más dos puntos para finales de 2008, pero el dilema es ¿sobre qué índice de inflación? Cristina Fernández ha anunciado que se revisará el método de elaboración del índice, un guarismo que, según su marido y actual presidente, "está perfecto".

El Indec -bautizado por el prestigioso columnista Joaquín Morales Solá como "la fábrica de ilusiones oficiales"- se encuentra en el centro de la polémica que afecta a otros importantes índices, como son el de pobreza y empleo. Para que los interlocutores crean en la negociación, la nueva presidenta estará obligada a reconocer que la inflación oficial no es la real y al mismo tiempo no podrá desairar a la Administración saliente, algunos de cuyos ministros seguirán en su Gabinete, ni desdecirse de su vehemente defensa de la intervención del Indec ordenada en febrero.

El segundo obstáculo para comenzar a negociar es que el sindicato más poderoso, la peronista Confederación General del Trabajo (CGT), vive un proceso de elecciones internas que culminarán en junio de 2008. El actual sector dirigente, comandado por el camionero Hugo Moyano, quiere abrir la negociación con el nuevo Gobierno cuanto antes, a ser posible el mismo diciembre, mientras que el sector opositor liderado por el trabajador hostelero Luis Barrionuevo, prefiere esperar a que pasen las elecciones sindicales.

El Gobierno sabe que no puede negociar con el principal sindicato dividido. Y lo peor para Kirchner es que en lo único que coinciden ambos bandos es en convertir la cuestión salarial en el eje central de la negociación, algo que el futuro Gobierno quiere evitar para que el pacto social no sea sólo un acuerdo amplio sobre sueldos.

Cristina Kirchner ha declarado en público que es partidaria de que la economía argentina se inspire en el llamado modelo alemán. "Se trata de un país exportador con un altísimo grado de tecnología que es lo que lo distingue; el valor agregado, la innovación tecnológica", declaró al día siguiente de vencer en las elecciones presidenciales de octubre. La primera parte ya la tiene conseguida con unas cifras exportadoras -y unas retenciones- que han creado un superávit fiscal sin precedentes en la historia del país, pero para la innovación tecnológica hace falta inversión, nacional y extranjera, y aquí la presidenta Kirchner deberá garantizar que Argentina es un país con seguridad jurídica atractivo para la inversión productiva. Los medios oficialistas presentaron como una posibilidad de mejora de las relaciones de Argentina con el FMI la sustitución como director general del organismo del español Rodrigo Rato por el francés Dominique Strauss-Kahn, pero este último ya ha pedido a Buenos Aires que pague los 6.200 millones de dólares de deuda con el Club de París utilizando parte de los más de 40.000 millones de dólares de reservas de que dispone.

En los días que restan hasta que Cristina Kirchner jure, el Gobierno está dispuesto a asumir el precio político de una serie de medidas impopulares pero que se estiman necesarias. La primera se hizo pública el miércoles, cuando el ministro de Comercio, Miguel Peirano, anunció una subida de las retenciones a las exportaciones de granos y aceites, es decir, el oro verde que está generando una riada de dólares hacia las arcas argentinas. Así, la retención sobre el trigo pasará del 20% al 28%; la del maíz, del 20% al 25%, y en caso de la soja, el incremento será del 27,5% al 35%. Con esta medida, el Ejecutivo pretende aumentar la recaudación impositiva en 1.022 millones de euros, además de evitar una escalada de precios internos.

La segunda medida que previsiblemente se producirá en torno a las fechas en que Cristina Kirchner se convierta en presidenta será una subida de tarifas en algunos servicios, especialmente en la energía, donde se ha llegado a un callejón sin salida. Las autoridades argentinas niegan la existencia de una crisis energética de la que hablan abiertamente los sectores productivos, crisis debida en una importante proporción a la despreocupación del consumidor medio por el despilfarro de energía. Productores de energía y economistas locales vienen insistiendo desde hace tiempo en que una pequeña subida en las tarifas serviría para aliviar la situación. El incremento serviría, además, para relajar las tensiones entre el Gobierno y las empresas prestatarias de servicios.