La fiscalía ve indicios de delito en las obras de la plaza de España de Ferrol

La Fiscalía de Ferrol ha solicitado a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad que llame a declarar como imputados a los 13 ediles de la anterior corporación local, gobernada por el Partido Popular e Independientes por Ferrol, en la causa abierta por posible delito urbanístico en las obras de de la plaza de España.

El actual gobierno municipal paralizó las obras el pasado mes de julio

Ocho ediles del PP, entre ellos el presidente provincial en A Coruña, Juan Juncal, y otros cinco de Independientes por Ferrol (IF) que formaron gobierno en la anterior legislatura podrían ser llamados próximamente como imputados. En varios plenos celebrados entre los años 2004 y 2005, todos votaron a favor de un proyecto que incluía la construcción de un edificio de cinco pisos en medio de la plaza que fue adjudicado a la constructora Abeconsa para su explotación comercial durante 60 años.

"A efectos legales, es un trámite más de la investigación, no es una imputación formal", explicó el fiscal que instruye el caso, "pero lógicamente si el proceso sigue adelante es porque puede haber indicios de un proceso delictivo". En la lista de la Fiscalía figuran los populares Juan Juncal, Marta Cerdido, José Manuel Rey, Vicente Luque, José Manuel Vilariño, Rosa Novóa, Amador Rodríguez Silvar, y por parte de Independientes por Ferrol, el ex conselleiro de Industria Juan Fernández, Francisco Pita Romero, Leopoldo Ibáñez, José Manuel Couce, Luis Amado Caeiro y Manuel Bustabad, que ahora milita en las filas del PP local. Además de los 13 ediles del gobierno anterior, el fiscal pide que declaren en calidad de imputados el arquitecto municipal, Guillermo Díaz del Río y el aparejador, Juan Ruiz.

La investigación se inició en septiembre del 2006, a raíz de una denuncia interpuesta por la federación vecinal Roi Xordo de Ferrol ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Esta entidad, que agrupa a varias asociaciones que se opusieron frontalmente a la construcción del edificio, argumentaban en su denuncia que las actuaciones realizadas por el gobierno de Juncal en la plaza de España podrían ser constitutivas de un delito contra la ordenación del territorio, que llevaría aparejado otro presunto delito de prevaricación.

Meses después, en julio del 2007, el fiscal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia especializado en delitos contra el Patrimonio, Antonio Roma, instaba a la fiscalía ferrolana a formalizar la denuncia. Sin embargo, a lo largo del proceso, el tribunal ferrolano podría inhibirse en favor del Tribunal Superior, ya que una de las ediles populares, Marta Cerdido, es a la vez parlamentaria autonómica del PP. El portavoz adjunto del PP en Ferrol, José Manuel Rey, defendió ayer la legalidad de una obra que contaba "con todos los informes favorables de los técnicos municipales". Desde las filas populares manifestaron que están "tranquilos".

Las obras de la plaza de España se paralizaron el pasado julio por orden de la actual corporación PSdeG-IU, que atendiendo a un requerimiento previo de la Xunta de Galicia inició los trámites para revocar y anular los dos acuerdos plenarios que las amparaban. El equipo de Irisarri negocia con la constructora una solución económica que ponga fin a este entuerto urbanístico. Las obras de remodelación de la plaza de España, puerta de entrada a la ciudad, se iniciaron en 2002, durante el gobierno del BNG.