Padres y sindicatos, en pie de guerra contra las "aulas retén"

"Hemos mostrado nuestra preocupación por la creación de 'unidades específicas' y 'aulas retén', especialmente porque si este decreto [de Derechos y Deberes de Alumnos, Padres, Profesores y Personal de administración y servicios] se aprueba así, el funcionamiento de estas aulas quedará supeditado a un reglamento posterior que desconocemos", sentenció ayer Gerardo Fernández, de la ejecutiva de Fete-UGT, al término de la "devaluada mesa sectorial" -que duró "poco más de una hora"- y se realizó con la flagrante "ausencia de los responsables políticos" de la Consejería de Educación, que impulsa el proyecto.

UGT ve tan "grave" la redacción que ha convocado "con carácter de urgencia una comisión de expertos" para analizar "una normativa que contiene medidas correctoras disciplinarias, sin ninguna preventiva".

La comunidad educativa apela a la "integración", frente a la "exclusión"

Los centros piden más profesionales y medios económicos contra los conflictos

CC OO fue más lejos y pidió la retirada del borrador remitido ya al Consell Escolar Valencià (CEV) y "la redacción de uno nuevo que incorpore las propuestas surgidas del diálogo (no sólo con sindicatos y patronales) sino también con los representantes de los alumnos y las federaciones de AMPA". El sindicato insiste en que el nuevo documento tenga "dos partes diferenciadas": una sobre "la convivencia en los centros, con una regulación clara de ayudas sociales"; y otra, que "actuará cuando falle la primera, con las faltas y sanciones, siempre con una perspectiva pedagógica, no meramente penal".

CC OO, que ha reunido a la cúpula de enseñanza ante la "gravedad", exige, además, la inclusión de "medidas concretas de la Administración educativa relativas a ayudas sociales para el alumnado, y que estas figuren como un derecho propio del alumno y como una obligación de la Administración de dotar de protección social al alumnado de niveles obligatorios, para evitar el abandono escolar".

La federación de padres FAPA-Valencia rechaza el texto por "autoritario" y pide "fomentar la mediación de los alumnos en el aula, y la participación de los padres y docentes con los planes de convivencia de cada centro".

Medidas de integración, en vez de fomentar la exclusión. Este viene a ser el denominador común de todas las enmiendas presentadas ayer por padres y sindicatos de izquierda, que rechazan de plano recluir a alumnos en "aulas específicas".

Para el STEPV, la conflictividad escolar "es un problema complejo, con implicaciones y causas diversas, que requiere de una respuesta igual de plural, y una intervención sobre cada uno de los factores". Es decir, desde cambios en los reglamentos de funcionamiento de los centros hasta la creación de "equipos de mediación y departamentos de orientación que potencien una cultura preventiva".

CSIF -que considera "un paso adelante el decreto"- pidió ayer, no obstante, "más recursos humanos y una Memoria económica" para aplicarlo. Mientras que Anpe, que asume la autoría de las polémicas aulas -"incluidas entre las propuestas entregadas en 2006"- admite que el decreto "no especifica qué profesionales las atenderán, ni la dotación material y económica".