Las cuentas del Estado copan el debate

Gerardo Camps acudió ayer a las Cortes a explicar los presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda, pero desde su posición de vicepresidente económico del Consell supo torcer el debate hasta convertirlo en un escrutinio interesado de los presupuestos generales del Estado. Camps, que es miembro de la comisión designada por el PP para negociar con el PSOE la revisión del actual modelo de financiación autonómica junto a Miguel Arias Cañete y Elvira Rodríguez, presumió de inocente para subrayar que Jordi Sevilla primero y Pedro Solbes después han instado cambios en el actual modelo desde 2002 que nunca se han llevado a efecto y que han perjudicado a los valencianos.

Pero no se detuvo ahí. Las inversiones previstas por el Estado en la Comunidad Valenciana en 2008 rondan los 2.400 millones de euros, crecen un 25% respecto al ejercicio anterior y representan un 9,6% del total de la inversión estatal, una proporción que se ajusta a la aportación de la Comunidad Valenciana a la riqueza nacional. Camps apuntó que la inversión prevista por la Generalitat es de 2.700 millones de euros y aseguró que las cuentas estatales están hinchadas en una cuantía que cifró en 250 millones de euros. "Por la mañana, la ministra de Fomento había previsto que el Adif destinara a otras obras 250 millones de euros", aseguró, "por la tarde, ante las presiones ejercidas desde la Comunidad Valenciana, los cambió de destino". El consejero de Hacienda auguró que nunca se ejecutarán esas inversiones por falta de proyectos que las sustenten.

Y tanto se adentró el vicepresidente económico por los vericuetos de las cuentas estatales que llegó a desglosar a favor del Gobierno los 1.100 millones de euros en beneficios fiscales que el Consell atribuye a las cuentas de la Generalitat para 2008. "No se trata de debatir aquí si bajar impuestos es o no es de izquierdas", argumentó Camps, "lo cierto es que los beneficios fiscales para todos los valencianos atribuibles a la Generalitat ascienden a 532 millones de euros mientras que los beneficios atribuibles al Estado se elevan a 578 millones de euros".