La Audiencia ve indicios de delito en el ruido del aeropuerto de Loiu

Por vez primera, la Justicia ha apreciado indicios de un delito contra el medio ambiente en el ruido generado por el aeropuerto de Loiu. La Audiencia de Vizcaya ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao que reabra la investigación de la posible contaminación acústica en una vivienda cercana al aeródromo, que archivó en febrero pasado.

El auto, fechado el pasado 19 de septiembre, supone un espaldarazo a las reclamaciones de la asociación ecologista Lur Maitea, que lleva 11 años denunciando el posible riesgo a la salud de la actividad del aeródromo. Llega pocos meses después de que el Tribunal Superior vasco sentenciase, en un fallo que ya es firme, que el Ayuntamiento de Loiu está obligado a medir el ruido originado por el aeródromo y tras varias sentencias dictadas el pasado año que instan a hacer lo mismo a otros municipios del entorno.

AENA asegura que la responsabilidad del ruido es de las compañías aéreas

Lur Maitea intentó hace nueve años que el impacto acústico del aeropuerto fuese considerado un delito contra el medio ambiente. Tanto los juzgados como la Audiencia archivaron entonces el caso. Ahora, con las sentencias favorables desde el último año, la situación parece haber cambiado. En su auto, en el que acepta el recurso de Lur Maitea contra la decisión del juzgado, la Audiencia reprocha que se archivase la causa basándose en que existía "una duda razonable" y sin ahondar en más datos.

El auto, del que ha sido ponente el magistrado Juan Carlos da Silva, recuerda un informe de la Universidad Pública de Navarra, que midió el ruido en la vivienda de la denunciante en Loiu, la propia presidenta de Lur Maitea, Consuelo Elosua, y en otras tres de ese mismo municipio y de Derio, "conforme al cual los ruidos soportados serían superiores a los autorizados por la legislación vigente". El estudio se realizó entre el 7 y el 11 de mayo pasados en Loiu y entre el 24 de mayo y el 4 de junio en Derio. Los documentos, que suman más de 200 folios, detallan el impacto del ruido por la noche, con "picos" de más de 100 decibelios en la franja horaria nocturna, cerca del doble de lo permitido.

Sin datos "precisos"

La Audiencia aprecia que existen indicios de un delito contra el medio ambiente del artículo 325.1 del Código Penal, que castiga con entre seis meses y cuatro años de cárcel a los responsables de distintos tipos de agresiones contra el entorno, entre ellas las emisiones, los vertidos o los ruidos. Añade la Audiencia que en la instrucción realizada por el juez "no se cuenta con los datos precisos para estimar" que los hechos son "penalmente irrelevantes y que no precisan de aclaración o investigación alguna". El auto refuerza su decisión con el argumento de que el archivo dictado en febrero "no puede acordarse con el escaso bagaje argumental y fáctico que hasta ahora consta en lo actuado". Por ello, ordena que el procedimiento continúe "a fin de que se practiquen las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos".

Lur Maitea anunció ayer que ya ha pedido al juzgado que cite a declarar como imputados al presidente de AENA (el ente que gestiona los aeropuertos), Manuel Arsuaga; a la directora de Loiu, Begoña Llarena; al actual alcalde de esta localidad, el peneuvista Vicente Arteagoitia, y a su predecesor, Iñaki Gaztañaga, y a la consejera de Medio Ambiente, Esther Larrañaga.

AENA recordó que no hay ninguna persona imputada y que el auto pide una investigación sin concretar diligencias. Apuntó que el ruido es de los aviones y que la responsabilidad de cumplir la ley es de las compañías aéreas. Vicente Arteagoitia no atendió a los requerimientos de este diario.