Valor de cosa juzgada

Tres días después de que el número dos de Al Qaeda reiterase sus llamamientos a atacar a España, y seis después de que se hiciera pública la sentencia del 11-M, lo más importante de la comparecencia parlamentaria del ministro del Interior fueron los datos que ofreció sobre el reforzamiento de las medidas preventivas contra el terrorismo islamista, que era una de las principales recomendaciones de la Comisión de Investigación sobre el 11-M.

La comparecencia tenía por objeto principal dar cuenta del cumplimiento de tales recomendaciones, la mayoría de las cuales fueron votadas por unanimidad, incluyendo el PP, pese a su desacuerdo con las conclusiones de la Comisión relativas a la subestimación del riesgo por parte del Gobierno de entonces, antes de los atentados, y a la manipulación interesada de la información, una vez producidos.

La sentencia de la Audiencia Nacional no puede entrar en tales consideraciones, pero sí excluye, tras investigaciones cuidadosas, la participación de ETA, que había sido el eje de la hipótesis que acabó haciendo suya el PP contra toda evidencia. A lo largo de más de tres años, ha avalado con la autoridad de sus casi 10 millones de votos teorías disparatadas que fijaban como objetivo de los terroristas el derrocamiento del Gobierno para "provocar un cambio en la política interior y exterior española", y en cuya organización habrían intervenido ETA, servicios secretos marroquíes y un sector de la policía española al servicio del PSOE.

A medida que las investigaciones iban confirmando la falta de fundamento y el carácter lunático de tales elucubraciones, muchas personas próximas al PP, incluidos dirigentes señalados, iban viviéndolas como una carga de la que deseaban desprenderse. Sin embargo, al final pesaba más el temor a defraudar a sectores que, como la dirección de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, las habían incorporado a su guión.

La sentencia es una ocasión para que Rajoy suelte ese lastre y de paso se emancipe de la presión de los periodistas que le han venido empujando a avalar sus malvadas insinuaciones. Pero su primera reacción fue decir que había que seguir investigando sin límites. Luego ha habido pronunciamientos ambiguos, de acatamiento de la sentencia y a la vez desautorizaciones de dirigentes que abogaban por abandonar las teorías conspiratorias. Las comparaciones improcedentes de algún destacado portavoz socialista reforzaron a los sectores del PP partidarios de mantenerla y no enmendarla.

No fue ETA ni hubo conspiración, y la participación en la guerra de Irak fue un pretexto como podía haberlo sido otro: intentaron otra masacre tras el anuncio de la retirada. Y si existe un fallo interpretativo en lo relativo a la responsabilidad de Rabei Osman, El Egipcio, el recurso de la fiscalía permitirá solventarlo. Sobre esas bases, ¿no sería la hora de pasar de intentar modificar el pasado a ponerse de acuerdo para evitar que se repita?