El suicidio de un polaco permite descubrir una red de extorsionadores

El suicidio de un inmigrante polaco, Marios Andres Mucinsky, de 30 años, fue la pista que ha permitido a la policía desarticular un violento grupo de extorsionadores que también se dedicaba, supuestamente, a los robos y al tráfico de droga.

La víctima había sido amenazada: o pagaba 5.000 euros o su esposa e hija serían asesinadas. Los integrantes del grupo también han cometido cuatro crímenes en los últimos años, según informó ayer la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Marios Andres se quitó la vida en su casa, en la calle de Tomás Meabe (Usera), el pasado 2 de septiembre. Este empleado de una cristalería de la calle de Antonio López recibió una primera amenaza. Tenía que pagar 2.000 euros, pero la cantidad subió a 5.000 justo el día anterior al pago. Fue entonces cuando se suicidó. Antes mandó numerosos mensajes de teléfono móvil a su esposa, en los que avisaba de que le iban a matar.

La mujer denunció el suicidio en la comisaría de Carabanchel, y a partir de ese momento empezaron a investigar los agentes del grupo XVI de la Brigada de Policía Judicial.

Los agentes ya conocían de la existencia de este grupo. Es una ramificación de una gran organización que actuaba por toda Europa desde 2000. Los policías habían detenido a algunos integrantes, pero éstos habían sido sustituidos por otros.

La forma de actuar siempre era la misma. Los miembros de la banda contactaban con chivatos, que les informaban de los inmigrantes polacos que residían en la región. "El que tenía más dinero pagaba más. Les daba lo mismo en qué trabajaran, porque siempre les exigían mucho dinero. Lo mismo iban a por pequeños empresarios que a por empleados", explicó un responsable policial.

Muchas veces han infligido fuertes palizas a sus compatriotas para obligarles a desembolsar el dinero que les exigían. La policía se ha encontrado con muchos problemas, ya que las víctimas se han negado a denunciar en más de una ocasión por temor a las represalias.

Los agentes lograron identificar a los siete integrantes de la banda, que también se dedicaban, además de a la extorsión, al cobro de deudas pendientes para terceras personas. Otra actividad ilícita que practicaban era el robo con fuerza. Generalmente hacían butrones en las naves industriales para desvalijarlas. También traficaban con droga. La policía les detuvo antes de que atracaran una peluquería.

Múltiples antecedentes

Los siete detenidos son Jakub Z., de 33 años; Pablo P., de 27; Norbert P., de 29; Alexander M., de 50; Jaroslaw Krzystof R., de 28; Malgorzarta Nina S., de 40, y Klaudiusz Janusz T., de 31. Todos ellos, salvo la mujer Malgorzarta Nina, han sido detenidos anteriormente. Norbert P., con 21 antecedentes, era buscado por un juzgado de lo penal de Madrid, según la policía. Algunos arrestados están acusados de graves delitos en Polonia.

Algunos de los integrantes habían cometido al menos cuatro homicidios en los últimos nueve años. El primero ocurrió el 22 de febrero de 1998, cuando murió Marin Klepka, de 30 años, tras recibir un disparo en el pecho en Carabanchel. El segundo se produjo el 6 de septiembre de 1999 en Alcalá de Henares.

Zygmut Malek murió en 2005 al ser apuñalado en el tórax por un compatriota en el bar Bus Express, en el número 7 de la calle de Goya, frente a la estación de Renfe de Móstoles.

El martes 9 de agosto de 2005 fue hallado muerto el inmigrante polaco Witold Kulcyk, de 38 años, en una nave industrial del camino de los Depósitos, en el barrio del Sector III, en Getafe. La víctima presentaba golpes en la cabeza y en el rostro.

Los investigadores del grupo XVI registraron los domicilios de los arrestados, que se encontraban en Getafe, Fuenlabrada y Parla. En el de Pablo P., situado en esta última localidad, fueron intervenidos una pistola de fabricación húngara con cargador y munición, una defensa eléctrica, varios puñales, un taladro, una cizalla, dos hojas de sierra y documentación de algunas de las víctimas. Henryk Jakub Z., Pablo P., Norbert P. y Jaroslaw Krzystof R. han ingresado en prisión por orden judicial. Los tres restantes están en libertad con cargos, según fuentes del caso.