El Valedor do Pobo investiga las canteras ilegales

El Valedor do Pobo se une a la "fundada preocupación" de vecinos y ecologistas por el impacto ambiental de las canteras y las cerca de 300 explotaciones que, según datos de los propios empresarios, funcionan en Galicia sin licencia. Benigno López ha abierto de oficio una investigación sobre la "aparente inactividad" de la Xunta en el proceso de legalización de estos yacimientos, denunciada por la Cámara Mineira de Galicia. El defendor del pueblo gallego ha dado dos semanas a las consellerías de Industria, Política Territorial y Medio Ambiente para que le remitan toda la información posible sobre los controles que realizan a estos negocios.

Las compañías que explotan el mineral del subsuelo de Galicia acusan a la Xunta de amontonar en la Dirección Xeral de Urbanismo sus solicitudes para adaptarse a la Lei do Solo que se aprobó en 2002. La cámara minera sostiene que en todo este tiempo apenas se han resuelto 15 de los 300 expedientes de legalización presentados por las empresas. El Valedor destaca que este importante retraso en los trámites impide conocer "las explotaciones legalizables y las que no lo son, de tal forma que se impida definitivamente el funcionamiento de estas últimas".

"Graves deficiencias"

La queja de oficio que acaba de impulsar no es la única medida tomada por el Valedor este año para promover que la Xunta ponga orden en el sector minero. Tras investigar tres quejas sobre la lentitud en la legalización de canteras sin licencia, la institución recomendó el pasado 30 de enero a la Consellería de Política Territorial que "resuelva" con "urgencia" estos expedientes y que se articulen medidas para "garantizar la preservación de la calidad de vida de la población afectada, del medio ambiente y de los principios básicos de ordenación del territorio".

Benigno López considera que ya entonces Política Territorial "no aclaró suficientemente" cómo está gestionando el proceso de legalización de estas explotaciones. En un informe de 1996, la institución alertó de que el sector "se encontraba afectado por graves deficiencias o irregularidades". Aquel estudio revelaba que de las 600 explotaciones abiertas en la comunidad, la mitad no contaban con un plan de restauración de las zonas afectadas. Y ello, añade el Valedor, pese al "daño paisajístico" que provocan estos yacimientos y la "contaminación" que pueden causar sus residuos.