Un pacto pone fin a la 'guerra de balnearios' de Caldes de Malavella

La población de Caldes de Malavella (Selva) comenzó a recuperar ayer la paz después de que el pasado fin de semana estallara la guerra de los balnearios por una falta de acuerdo en la cesión del agua termal.

Representantes de las empresas Malavella, propiedad del grupo Vichy Catalán, y Balneario Prats alcanzaron ayer por la mañana en Barcelona un acuerdo para restablecer de forma inmediata el suministro de agua del manantial La Mina, propiedad de Vichy, a Balneario Prats.

De esta manera, con la recuperación del suministro de agua termal, cortado el pasado viernes por Vichy, Prats no tendrá que cerrar sus puertas y podrá volver a ofrecer servicios terapéuticos y mineromedicinales a sus clientes.

La reunión se celebró en la sede del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat, duró unas cinco horas y tuvo como mediadores al alcalde de Caldes, Joan Colomer, de la Plataforma Independent per Caldes, y al director general de Energía y Minas, Agustí Maure.

El nuevo contrato de suministro de agua entre Vichy, empresa propietaria del segundo balneario de Caldes, y Prats tendrá una duración inicial de tres años y será prorrogable anualmente hasta un máximo de 25 años. Inicialmente, se mantendrá el caudal suministrado, aunque podrá reducirse a partir del décimo año de contrato. El pacto también establece que la Dirección de Energía y Minas actuará como árbitro a la hora de resolver cualquier conflicto que pueda producirse entre ambas partes.

Enfrentamiento antiguo

El acuerdo abre un nuevo capítulo en las relaciones entre ambas compañías, enfrentadas desde 1987 por la cesión del agua y los intentos fallidos de renegociar el contrato histórico que las vincula. El propietario del balneario Prats, Rafel Quintana, expresó ayer su "satisfacción" por el acuerdo y aseguró que los clientes de su balneario habían recibido la noticia con mucha "alegría". El alcalde de Caldes, Joan Colomer, se mostró "optimista", mientras que representantes de la dirección de Energía y Minas destacaron que su acción mediadora había servido para "defender los intereses de los usuarios y del municipio, garantizar el ejercicio de la libre competencia y asegurar un uso correcto de los recursos mineromedicinales de los balnearios".