La derecha reclama a Prodi la expulsión de 250.000 inmigrantes rumanos

La oposición conservadora italiana capitaliza la "crisis de los rumanos". Y exige mucha dureza contra los extranjeros que delinquen o carecen de medios de subsistencia. El presidente de Alianza Nacional, Gianfranco Fini, ex ministro de Asuntos Exteriores, afirma que convendría expulsar de Italia a "unas 250.000 personas". Y Silvio Berlusconi, ex presidente del Gobierno, plantea la posibilidad de cerrar las fronteras a los rumanos. El Gobierno de Romano Prodi, que el viernes aprobó un decreto para extender a los ciudadanos comunitarios (los rumanos, aunque no aparecieran en el texto) las medidas represivas aplicables a otros inmigrantes, parece desbordado por los acontecimientos.

El homicidio de una mujer en Roma, presuntamente cometido por un rumano con antecedentes penales, detonó una crisis de consecuencias impredecibles. Italia es, desde siempre, la meta preferida por los inmigrantes rumanos. Desde que Rumania ingresó en la Unión Europea, en enero de este año, el flujo se incrementó y agravó el problema de los asentamientos de chabolas en la periferia de las grandes ciudades. Rumanos, chabolas y delincuencia se han coagulado como una misma cuestión para gran parte de la opinión pública, y los partidos de la derecha creen haber hallado en el relativo aumento de la xenofobia una fórmula electoral de éxito.

Prodi reaccionó en caliente tras el asesinato de Giovanna Reggiani. Tomó "una decisión necesaria tras la impresión causada en la opinión pública por un crimen horrendo", según Anna Finocchiaro, portavoz gubernamental en el Senado. La urgencia de un decreto atípico, dirigido a los rumanos y causado por un suceso ocurrido en Roma, fue rápidamente interpretada como una muestra del poder de Walter Veltroni, alcalde romano y nuevo líder del centro-izquierda. Y fue aprovechada por la derecha, que acusó al Gobierno de poner un simple parche sobre una "crisis gravísima".

Mientras la derecha pide expulsiones masivas y dureza contra los extranjeros, comunitarios o extracomunitarios, Prodi vuelve a encontrarse en dificultades.

El flanco izquierdo de su Gobierno rechaza el decreto por sus connotaciones xenófobas. El texto debe ser votado hoy en el Senado, y Prodi, atrapado entre quienes piden más dureza y quienes, desde la izquierda, le acusan de "caer en la demagogia populista", no tiene por el momento los votos necesarios para convertir en ley la expulsión de los delincuentes comunitarios.