MiFID en acción

El pasado 1 de noviembre entró en vigor la directiva europea relativa a los mercados de instrumentos financieros (conocida en el argot del sector como MiFID por sus siglas en inglés). Aunque todavía no ha sido transpuesta a la normativa española el correspondiente proyecto de ley, actualmente pendiente de que se concluya su tramitación parlamentaria, no por eso deja de tener efectos desde dicha fecha en todos los países de la Unión Europea.

Por esta razón, algunas entidades de valores españolas han comunicado a sus clientes de valores básicamente dos cosas. La primera es la categoría de clientes a la que pertenecen, porque en función de la misma variará su nivel de protección. En el caso de los particulares, lo habitual es que sean clasificados como minoristas, con lo cual gozarán del máximo nivel de protección previsto en la directiva. Esto es así porque se presupone que estos clientes disponen de menos conocimientos y experiencia en el ámbito financiero.

La directiva europea MiFID establece las nuevas reglas de juego entre las entidades de valores y sus clientes

Esto no impide que algunos particulares inicialmente clasificados de esta forma, y que cumplan determinados requisitos, puedan solicitar pasar a la categoría de clientes profesionales, que implica un menor nivel de protección, pero también una mayor agilidad en las relaciones con su entidad de valores.

El segundo bloque de información se refiere a las nuevas reglas que regulan ahora las relaciones entre la entidad de valores y sus clientes, dentro de las cuales se incluyen las políticas que en algunos aspectos va a seguir la entidad, como es la referente a lo que se denomina el "principio de mejor ejecución": la entidad debe procesar las órdenes de sus clientes de forma que se intente obtener el mejor resultado posible para ellos.

Con estas nuevas reglas, que incluyen diversos requisitos de información -de la entidad y de los clientes-, los inversores deben estar mejor protegidos, pero, sobre todo, mejor atendidos, en el sentido de una mayor adecuación entre los productos y servicios ofrecidos y sus objetivos de inversión.

Sara Algeciras y F. J. Valero son profesores de la Escuela de Finanzas Aplicadas (Grupo AFI).