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COLUMNA

Las tablas de la ley

Los hechos son conocidos pero, como suele ocurrir con todos los fenómenos extravagantes, conviene frotarse los ojos para asegurarse de que son verdad: el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha abierto juicio oral contra el lehendakari Ibarretxe, dos dirigentes socialistas y varios integrantes de la extinta Batasuna por considerar que existen "indicios racionales" de delito en la celebración hace unos meses de varias reuniones políticas.

Es posible leer del derecho o del revés el auto que abre juicio al lehendakari, pero no es posible sostener que la resolución de los conflictos políticos pase por la graciosa autorización de la judicatura, ni aceptar que el futuro de este país pueda estar en manos de entidades como Dignidad y Justicia o Foro Ermua. Hace mucho tiempo que ciertos actores procesales son instrumentos de un partido político cuyo único futuro pasa por garantizarse que Euskadi no lo tenga. Las resoluciones judiciales en torno al conflicto vasco son la derivación final de un plan concebido por el Gobierno de Aznar y al que se sumó, en calidad de tonto necesario, el Partido Socialista, un plan sustentado en el principio de que la vida política, cuando discurre por incómodos senderos, puede y debe ser neutralizada mediante la acción judicial.

El futuro de este país no puede estar en manos de Dignidad y Justicia

La ley como palabra revelada y el juez como sumo sacerdote llevan camino de disolver toda conciencia de que el ordenamiento jurídico es fruto de un acuerdo democrático, de un proyecto de convivencia. Entre nosotros el ordenamiento jurídico se ha convertido en un remedo de las Tablas de la Ley, a cuyo amparo cualquier profeta de tercera exige que en las reuniones de vecinos se ice la bandera española o que se condene a la muerte civil a todos los integrantes de una formación política ilegalizada. Asistimos a la peor servidumbre a la que se puede someter el Derecho: negar la realidad. Hoy el juego político está condicionado por leyes arbitrarias o por resoluciones arbitrarias o, muy posiblemente, por ambas arbitrariedades a la vez. Individuos de diversos pelaje, practicantes del aventurerismo político, hacen suyo el Estado de Derecho. Pero aún más: lo hacen suyo y se lo quitan a los demás. Es la vehemencia de los conversos.

Frédéric Bastiat, un vasco lo suficientemente peligroso como para que de él no sepan nada los vascos de hoy día (quizás porque en Educación para la Ciudadanía le habrían puesto un cero), dejó escrito lo siguiente: "Cuando la ley y la moral se contradicen, el ciudadano confronta la cruel alternativa de perder su sentido de la moral o perder su respeto por la ley". Hoy, gracias al ordenamiento vigente, hacer política es delito, pero ello en modo alguno puede condicionar ni la conducta ni la inspiración de una conciencia moral bien armada. Buscar la paz no necesita autorización. Otra cosa es que al hacerlo se frecuenten laberintos sin salida, atajos equivocados, vías muertas, o que se bordeen peligrosos acantilados. Tales excursiones sí podrán ser objeto de crítica política, pero no de prohibición legal. Siempre será más honroso perderse por esos caminos que plegarse a una legislación concebida exclusivamente para aniquilar toda posibilidad de acuerdo político en Euskadi.

El conflicto entre la ley y la moral sólo es dramático para aquellos que creen en la ley y creen en la moral. Para los demás el asunto se reduce a maniobrar adecuadamente, según la conveniencia personal o el cinismo político. Otras cosa es puntualizar que la mayoría de los que creen en la ley y en su conciencia, puestos en la disyuntiva de elegir, no tiene la más mínima duda.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de noviembre de 2007