Los centros de reforma tendrán más control y evaluaciones periódicas

La gestión de los centros de internamiento de menores a veces ha ido acompañada de polémica. En ese sentido, puede decirse que la Consejería de Justicia y Administración Pública ha tenido suerte desde que, en 2004, asumió esta competencia. Desde entonces no se ha producido ningún episodio de fugas o denuncias en estos centros (hubo una en Málaga en 2006 que se desestimó) donde van los mayores de 14 años y los menores de 18 años condenados por hechos delictivos. Los delitos por robo, robo con fuerza y robo con violencia suponen el porcentaje más elevado de las infracciones (49%).

Solo uno de los centros de internamiento lo gestiona la Junta

La modificación en 2006 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores revisó muchas de las medidas aprobadas en 2000 como la entidad de los delitos, la edad de los menores infractores (la ley deja fuera a los jóvenes con edades entre 18 y 21 años) y se le otorga a los jueces amplias facultades para individualizar las medidas que deba cumplir los infractores.

Por este motivo, Justicia ultima la aprobación de un decreto, aún en fase de borrador, por el que se regulan los centros y servicios de reforma juvenil y se implatan sistemas de gestión de calidad. La futura norma, a la ha accedido este periódico, aumenta el control sobre los mismos, exige a los ahora existentes a renovar en el plazo de un año sus autorizaciones para adaptarse a los requisitos y les obliga a realizar periódicamente procesos de autoevaluación. El objetivo es tener una foto de la situación que permita conoce sus puntos fuertes, pero también los débiles y seguir su evolución.

Las partidas para la reforma juvenil contempladas en el presupuesto de Justicia para 2008 asciende a 93,14 millones de euros, lo que supone un incremento del 248% respecto 2007, según informó ayer en comisión parlamentaria la consejera María José López.

En Andalucía hay un total de 16 centros de internamiento, de los que tan sólo uno (el de la Biznaga, en Málaga) es gestionado por la Junta. El resto está en manos de cinco entidades sin ánimo de lucro (Ginso, Meridiana, Diagrama, Afanas y Proyecto Hombre). El número de plazas disponible en 2006 era de 765 plazas. En 2008 habrá 782. Nunca llegan a estar cubiertas todas ya que a petición de jueces y fiscales suele dejarse un colchón para situaciones de emergencia.

Esas plazas libres son las que han permitido, por ejemplo, cumplir con el internamiento decretado esta semana por dos jueces sobre cuatro adolescentes presuntamente implicados en dos agresiones graves ocurridas en las últimas semanas en Sevilla.

El decreto, que se aprobará antes de fin de año, subraya que la meta "primordial" de los centros es la "resocialización" de los jóvenes. Según la consejera, el 70% de los menores no son reincidentes. La norma establece una clasificación los centros en cinco categorías: los de internamiento, destinados a menores a los que se les ha impuesto una medida judicial privativa de libertad; los centros de día, al que acuden menores para realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio; los centros de tratamiento ambulatorio en los que se facilitan tratamiento para abordar el consumo de alcohol y drogas; la residencia de grupo educativo de convivencia, donde los jóvenes no privados de libertad conviven durante el tiempo que establezca el juez para realizar actividades educativas; y los servicios de reforma juvenil.

Justicia hace especial hincapié en las condiciones técnicas que deben reunir las instalaciones (ubicación, edificación, capacidad máxima, accesos) para que las entidades puedan obtener autorización.