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Reportaje:3. ALICANTE | La destrucción del litoral

Una costa casi privada

El Gobierno comprará suelo para aumentar el espacio público en el litoral de Alicante, cuyo primer kilómetro es el cuarto más edificado del Mediterráneo

Alicante
El estudio más detallado hecho nunca sobre los desmanes en el litoral español -un trabajo de dos años encargado por Medio Ambiente que ha costado seis millones de euros y al que ha tenido acceso EL PAÍS- resalta en el caso de Alicante la invasión de las urbanizaciones privadas en la costa.

La primera línea de costa de Alicante es la cuarta más edificada del Mediterráneo. Según el informe Corine Land Cover, en 2000, el 49,38% del primer kilómetro de costa estaba ya edificado. La invasión de las urbanizaciones privadas, en algunos casos, ha traspasado claramente la raya de los 100 metros de dominio público marítimo-terrestre. Los ejemplos más flagrantes de ese desbocado crecimiento son la urbanización del Bon Nou (siete bungalós a 20 metros del mar) en La Vila Joiosa, dos torres de 22 plantas en la playa de Levante de Benidorm y un hotel de 24 plantas, a seis metros de la orilla del mar, en Calp.

Los únicos rincones a salvo del ladrillo, con la excepción de la playa de Llobella, en Benissa, y dos calas en Torrevieja, son las áreas entorno a los parajes naturales. Es en este punto en el que hará hincapié el plan de choque del Ministerio de Medio Ambiente contra el urbanismo salvaje mediante la adquisición directa de suelo para protegerlo de la piqueta y mediante la redefinición de los deslindes de la zona pública en la costa (en esta provincia queda pendiente el 38%, es decir 106 kilómetros). Todo ello con el propósito de aumentar los espacios públicos en una costa casi privada. "Todo lo que compremos lo haremos con el objetivo de preservarlo de las edificaciones", asegura Vicente Martínez, jefe provincial de Costas. Este departamento ha remitido al Ministerio de Medio Ambiente un total de 117 propuestas para adquirir fincas e inmuebles en el entorno del área de dominio público y parajes naturales, entre las que destacan los 2,8 millones de metros cuadrados del saladar de Agua Amarga, al sur de la costa de la capital alicantina.

En la parte septentrional del litoral alicantino, dominado por los núcleos turísticos de Dénia y Xàbia, la terapia de choque del Gobierno en su batalla por recuperar el carácter público de la costa incluye dos llamativas propuestas: recuperar el espacio de dominio público entre Les Bassetes, los Molinos y el puerto de Dénia, y la adquisición de los terrenos en la franja de 500 metros en el Cabo de San Antonio, en Xàbia. En este segundo municipio se plantea la recuperación de la zona de tránsito y dominio público en la playa del Arenal.

En Dénia, el Gobierno redefinirá la línea de deslinde del río Girona para incorporar al dominio público parte de su desembocadura. Este punto está poblado de urbanizaciones, que quedaron temporalmente anegadas tras la excepcional crecida del río el pasado 12 de octubre.

El siguiente punto donde pone énfasis el plan del Gobierno es el litoral de Calp, otro de los municipios afectados por la reciente riada de Alicante. Aquí, la intención es comprar el Saladar. En este municipio, el Ministerio de Medio Ambiente ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la licencia de obras, otorgada por el anterior gobierno local, del PP, y validada por la Generalitat valenciana, a un promotor para levantar un hotel de 24 plantas a escasos seis metros de la orilla del mar.

"Este es uno de los puntos más agredidos por el urbanismo en la costa alicantina", comenta Carlos Arribas, portavoz en Alicante de Ecologistas en Acción del País Valenciano.

Unos kilómetros más al sur se sitúa el municipio de Altea, donde el Gobierno recuperará la zona de tránsito y se practicarán expropiaciones de edificios fuera de ordenación en Villa Gadea, se protegerá el triángulo del delta del río Algar y se eliminarán las ocupaciones del dominio público y zonas de tránsito desde la cala del Soto hasta la desembocadura del mencionado río. En el cauce del Algar hay programado ya un PAI que prevé levantar unas 6.000 casas, una quinta parte de ellas dentro del primer kilómetro de costa.

Para Benidorm, meca del urbanismo vertical en la costa española, la propuesta es la adquisición de la franja de 500 metros al borde del acantilado de Serra Gelada y ampliar el espacio público de este parque natural con los terrenos urbanos en el rincón de L'Oix, en la playa de Levante. En ese punto, el Gobierno ha iniciado ya el expediente de expropiación del solar, ubicado en la zona de dominio público, donde un promotor estaba levantando dos torres de 22 plantas.

En el tramo de costa comprendido entre los municipios de La Vila Joiosa y El Campello, el documento del Gobierno pone especial atención en la Cala de Finestrat, en el litoral de la primera población, y alerta de la indefinición de los planes de actuación de la zona, donde hay más de 5.000 viviendas particulares y se levantó un hotel, el Atrium, con un exceso de volumetría de 53.000 metros cuadrados (equivalente a 11 alturas) respecto a lo autorizado en el PGOU. El hotel fue legalizado, tras imponer una multa de 12 millones al promotor y obligarle a derribar 14.700 metros del exceso de obra.

En el caso de la fachada litoral de la capital de la provincia, las propuestas más destacadas hacen referencia al tramo sur de la costa, donde el Gobierno propone recuperar la zona de dominio público marítimo-terrestre que ha invadido la urbanización Urbanova.

En Santa Pola, la propuesta más sobresaliente es declarar fuera de ordenación la primera línea de costa construida, y reubicar la carretera que llega desde la playa de El Pinet hasta el puerto para incorporarla el dominio público junto a las salinas y eliminar todas las edificaciones situadas en esa playa (140 casas).

En Guardamar del Segura se plantea recuperar el borde del litoral mediante la denegación de licencias de reparación y recuperación de concesiones en las 120 casas de Babilonia, cuyo mal estado amenaza la seguridad de sus inquilinos.

En Torrevieja, la principal iniciativa es adquirir las únicas parcelas urbanizables todavía sin construir en la desembocadura del río Seco, al sur del barranco Rubio, en la playa de Campoamor y al sur de las playas de Cabo Roig. Para Orihuela, el punto más meridional del litoral alicantino, se propone ordenar los accesos y una senda peatonal en torno a Punta Prima y ampliar la senda entre Cala Flamenca y Cala Cerrada. En la costa de este municipio, el gobierno local del PP, autorizó hace un año la urbanización del último tramo virgen, Cala Mosca, donde está previsto levantar 1.700 nuevas casas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de noviembre de 2007