Cartas boca arriba

Durante largos años, la cuestión nacional en España ha sido objeto, desde los medios de comunicación y la opinión publicada en general, de una visión sesgada, decididamente estrábica. Los únicos nacionalismos políticos identificados como tales eran los periféricos (el vasco, el catalán, el gallego, etcétera). La única agitación nacionalista era la que se expresaba enarbolando ikurriñas o estelades, o exhibiendo carteles con la leyenda Freedom for Catalonia. En cambio, blandir la bandera rojigualda bajo cualquiera de sus variantes (con escudo constitucional, con águila o con toro) y vitorerar a España hasta desgañitarse, eso era, ya lo hiciesen niñas pijas del barrio de Salamanca o broncos hinchas futbolísticos, un mero rasgo de normalidad, todo lo más de sano fervor patriótico. Aquel que Michael Bilig calificó hace ya más de una década de "nacionalismo banal", el nacionalismo de Estado, ha gozado entre nosotros de una rara invisibilidad analítica.

El españolismo excluye a millones de habitantes, la mayoría de los cuales no son independentistas

Parece, sin embargo, que las cosas podrían cambiar. Está a punto de llegar a las librerías un volumen colectivo de perfil académico, coordinado por el profesor Carlos Taibo, que lleva por título Nacionalismo español. Y empiezan a publicarse en la prensa de ámbito estatal artículos en los que se maneja ese concepto -el de nacionalismo español- con normalidad, como descripción de un elemento fundamental en el presente debate político-identitario. Y es que, después de muchos lustros de miopía selectiva, ningún observador honesto de nuestra vida pública puede seguir obviando la realidad de un españolismo rampante y desplegado a la ofensiva.

A la ofensiva, sí, y además a una ofensiva total. Permítanme que ilustre y documente esta afirmación con el examen del proyecto que lanzó desde Madrid, la pasada semana, la sedicente plataforma de asociaciones Por la Concordia Nacional y la Reforma Constitucional. Integran este lobby el Foro Ermua de Iñaki Ezquerra con su Fundación Papeles de Ermua, Convivencia Cívica Catalana (CCC), la Fundación Concordia y la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes). Si consideramos que la Fundación Concordia fue creada y presidida por Alejo Vidal-Quadras en 1994, cuando todavía lideraba el PP catalán, que el mismo Vidal-Quadras impulsó y dirigió CCC desde 1998, una vez perdido ya aquel liderazgo, y que el propio Vidal-Quadras es desde 2006 uno de los ocho patronos-fundadores de Denaes, convendremos que el conjunto resulta bastante endogámico y no demasiado plural. Pero esto no debe distraernos del contenido de la propuesta que tales colectivos formulan.

Lo que proponen es nada menos que una reforma a fondo de la Constitución de 1978, el cambio de medio centenar de artículos sustanciales de la Carta Magna. ¿Con qué espíritu e intenciones? Para conjurar "el riesgo de quiebra de la propia organización y estructura del Estado nacional español", para "proceder al cierre del sistema autonómico". La reforma, argumentada y expuesta al detalle en un documento de 97 páginas, comenzaría por transformar el Preámbulo constitucional en una empalagosa afirmación del carácter ineluctable y predestinado de la configuración histórica de España con sus hechuras actuales. Luego, el texto suprime del artículo 2 la referencia a "nacionalidades y regiones" y la reemplaza por "Comunidades Autónomas", refuerza el estatus legal del castellano por encima de las demás lenguas e impone la toponimia bilingüe (aquel entrañable Gerona / Girona de 20 años atrás). En el artículo 27.8, nuestros reformadores quieren que el Estado garantice "en toda España el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en castellano o español", sin obligatoriedad alguna de aprender catalán, euskera o gallego, y hasta eliminan del artículo 46 una inocente alusión a "los pueblos de España".

Otro punto fuerte de la propuesta es la modificación del sistema electoral, aumentando hasta 500 el número de diputados al Congreso, pero eligiendo a los 150 adicionales por circunscripción única estatal, para minimizar así el peso político de los partidos periféricos. Igualmente, se dificulta hasta hacerla casi imposible la reforma de los estatutos, se retira a las comunidades autónomas las competencias normativas sobre ordenación territorial, urbanismo y vivienda o medio ambiente, se recortan sus atribuciones en materia de orden público, de enseñanza y de cultura, y por supuesto se liquida cualquier referencia a los derechos históricos. En síntesis, el propósito de la iniciativa que Vidal-Quadras y sus influyentes amigos brindan al Partido Popular es suprimir los leves elementos federalizantes del actual marco jurídico español, y blindar "un Estado unitario de base nacional pero políticamente descentralizado". Descentralización, bajo el rótulo formal de autonomía. Y no se trata de una reacción defensiva ante la escalada soberanista de los últimos años: ellos mismos reconocen que el Estado autonómico generaba problemas, poseía una "lógica perversa", desde su origen.

Personalmente, agradezco muy de veras a los individuos y fundaciones citados más arriba, a esos vectores del nacionalismo español -que no tienen nada de marginales ni de freakies- la franqueza de poner sus cartas boca arriba, de mostrar que su idea de España excluye radicalmente a varios millones de habitantes de esta piel de toro, la mayoría de los cuales no son independentistas. Ahora, sólo querría que esta propuesta de contrarreforma constitucional -bastante más grave y significativa, creo, que la quema de unas fotos del Rey- mereciese la mitad de la atención, del debate y de los análisis que suscitó aquel breve sarampión de piromanía antimonárquica.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.