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Defensa justifica la adjudicación al empresario demandando por estafa

El ministerio sostiene que carece de resortes legales para evitar el contrato

El Ministerio de Defensa seguirá contratando a la compañía del empresario gaditano Manuel García Gallardo. Lo hará a pesar de que varios de sus bienes estén embargados por la justicia y que la Abogacía del Estado se ha querellado contra él por estafa y apropiación indebida. El Gobierno reconoce que no cuenta con resortes legales para evitar estas adjudicaciones.

El PSOE han pedido a Defensa que deje de contratar con el empresario

Mientras que las ofertas de las empresas de García Gallardo cumplan con las exigencias de calidad, precio y plazos del concurso, nada le impide hacerse con los contratos. Éstos sólo serán ilegales en caso de que los juzgados emitan una sentencia que inhabilite no al representante de la firma -Manuel García Gallardo-, sino a la propia empresa -Brassica Group.

El último contrato del Estado recibido por la compañía del empresario gaditano lo firmó el Ministerio de Defensa por valor de un millón de euros para el servicio de restauración colectiva de varias unidades militares.

El Partido Popular ha exigido la comparecencia del ministro de Defensa, José Antonio Alonso. "Que nos explique por qué se sigue concediendo contratos a una compañía cuyo propietario tiene asuntos pendientes, precisamente, por querellas del Estado", reclamó ayer el senador popular José Blas Fernández.

El dirigente del PP difundió ayer las facturas millonarias de los contratos públicos que ha disfrutado la compañía de García Gallardo en apenas un año por valor de más de 1.700.000 euros.

Varios diputados socialistas, entre ellos el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Rafael Román, ya habían advertido al Gobierno central de que no siguiese realizando adjudicaciones a García Gallardo. Recordaron que la ley de contratos impide adjudicar a empresas sin solvencia económica, algo que, en realidad, no afecta a Brassica Group sino a su presidente. Fuentes socialistas recordaron también que las contrataciones no las realiza directamente el Ministerio sino que están descentralizadas, por lo que corren a cargo de unidades territoriales del Ejército de Tierra.

"Sabemos que resulta chocante que un empresario polémico, sujeto a multitud de procesos judiciales precisamente con otro organismo del Estado como es la Zona Franca, haya obtenido este contrato", reconoció el diputado Rafael Román. Con todo añadió que "España es un Estado de derecho y no se puede decretar la muerte civil de nadie".

Ayer se conoció también que Brassica Group acaba de ser contratada por otro organismo público, el Servicio Aragonés de Salud, para abastecer de comida el hospital Miguel Servet de Zaragoza.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de noviembre de 2007