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Tribuna:

La derecha y la memoria del franquismo

Los dirigentes del PP, ante la Ley de Memoria Histórica, que mañana se debate en el Congreso, preconizan el olvido afirmando que en la Guerra Civil hubo excesos en ambos bandos. Con ello, ocultan la raíz del drama: un golpe de Estado contra un gobierno legítimo. Pero siendo inadmisible ese argumento, que justifica y "comprende" la dictadura, lo es aún más cuando la ley se evalúa a la luz de la persistencia del régimen de Franco durante cuarenta años.

Con esta ley no se trata de resucitar el fantasma de las dos Españas, sino de algo tan elemental como restablecer, sin afán vindicativo, la prevalencia de los principios democráticos por encima de la legislación que, construida sobre un golpe de Estado y amparada por los regímenes totalitarios que asolaron Europa, los vulneró durante cuatro décadas.

Sólo concibiendo la dictadura como un mal menor se entiende la actitud del PP

¿Por qué una derecha que se proclama democrática se niega a la recuperación de la memoria de los demócratas condenados con leyes dictatoriales? ¿Por qué el PP no se homologa con los partidos conservadores alemanes, italianos o franceses? ¿Cuál es la razón de esa resistencia casi setenta años después del final de la Guerra Civil y a casi tres décadas de la aprobación de la Constitución? La respuesta que sus líderes dan es que las deudas de la Guerra Civil quedaron saldadas con la Transición y que la ley reabre viejas heridas. Sin embargo, de su letra y de su espíritu se desprende justo lo contrario. Profundiza en los valores constitucionales y cierra algunos agujeros negros que las fuerzas democráticas, recién salidas de la clandestinidad o del exilio, con inteligencia y generosidad dejaron abiertos en 1978 con el fin de consolidar una democracia frágil, demasiado precaria y amenazada. Es decir: la ley completa la transición, la hace más sólida y no al contrario. Es más: lo que podría romper el espíritu de la transición sería, precisamente, su inexistencia.

Tres razones pueden explicar la dura oposición del PP y afirmaciones tan preocupantes como las de Mayor Oreja: el casi nulo papel de sus líderes en el cambio político antes e inmediatamente después de la muerte de Franco, una percepción "comprensiva" con la dictadura y la carencia de una memoria de oposición a ella. La gravedad de esa percepción se acrecienta cuando nos alejamos de la guerra y ampliamos el campo de análisis hasta los años más próximos a la muerte de Franco. En 1975 había en las cárceles españolas casi un millar de presos políticos. Ese mismo año, el Tribunal de Orden Público abrió 4.317 causas, de ellas sólo 72 por terrorismo. Todas las demás, lo fueron por el ejercicio de derechos democráticos elementales. Esa actuación se producía junto a la Europa del Mercado Común, a treinta años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y a más de un cuarto de siglo de la derrota de Hitler y Mussolini. Todas las condenas de 1975, más las cinco penas de muerte de septiembre de ese año, junto a la aplicación sistemática de la tortura, del despido, de la privación de cátedras o de la expulsión de la universidad, ¿no deben ser consideradas ilegítimas mediante una ley?

¿Cómo es posible afirmar que una propuesta alejada de todo rencor y dirigida a completar la biografía de miles de ciudadanos españoles aplicando principios que desde 1945 son una realidad en la Europa democrática, supone resucitar "las dos Españas"? ¿Acaso hemos de considerar intocable la condena, en el Proceso 1001, a diez sindicalistas a la friolera de 161 años de cárcel en 1973? ¿Y los larguísimos períodos de cárcel que sufrieron el poeta Marcos Ana o los dirigentes políticos Simón Sánchez Montero o Ramón Rubial, entre otros muchos? ¿Y las penas que cumplieron los miles de españoles que en los años 50, 60 y 70 llenaron las cárceles o los caminos del exilio por el único delito de ejercer unos derechos que todos los organismos internacionales reconocían?

¿Por qué el PP se opone a la deslegitimación de esas condenas? ¿No será que, en el fondo, justifica la actuación del régimen franquista y de sus tribunales, que no se atreve a afirmarlo abiertamente y, al negar la ley, elude el pronunciamiento sobre la ilegitimidad de la dictadura y sus normas?

La Ley de la Memoria Histórica homologa, de manera plena, la democracia española con las democracias europeas que sufrieron el fascismo. Sólo concibiendo la dictadura como un mal menor que fue necesario y sobre el que hay que pasar con sigilo se puede entender la actitud del PP. Pero la memoria histórica es la memoria de la democracia violentada y enterrada. Es decir, la memoria de todos los demócratas: españoles y europeos. ¿Por qué, entonces, el principal partido de la oposición se excluye de ella?

Manuel Rico es escritor y crítico literario.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 30 de octubre de 2007