Pescanova acumula 30 multas por una granja marina ilegal en Oia

Ocho años de papeleos que derivaron en un contencioso administrativo ahora en el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia y otros dos de procedimiento penal no impiden que la piscifactoría de Pescanova en Oia haga caso omiso de las órdenes de derribo y paralización decretadas por la Consellería de Política Territorial. La piscifactoría continúa con su actividad mientras este departamento le impone multas (una al mes de entre 1.000 y 10.000 euros desde 2005).

El origen de la sentencia que ordena la demolición de la planta fue un exceso de 4.800 metros en el volumen de edificación amparado por una licencia municipal declarada ilegal que Pescanova obtuvo en un proceso plagado de infracciones. Pese a todo lo anterior, la Consellería de Pesca prevé legalizar la factoría si antes recibe el visto bueno de Medio Ambiente, Política Territorial y supera los requisitos que establece la ley de protección del paisaje.

La diferencia de pareceres entre las dos administraciones ha derivado en un pulso político cuando la vía de lo contencioso y la penal no se han agotado todavía. Desde el 10 de febrero de 2005 una resolución del anterior Gobierno de Fraga declaró ilegalizables las obras de Pescanova en Mougás, ordenó su derribo e impuso multas para apremiarlo en caso de incumplirse la ejecución forzosa decretada por la Dirección Xeral de Urbanismo del Ejecutivo del PP.

La resolución ha sido recurrida sistemáticamente por la empresa a través de un contencioso administrativo que ha sido desestimado por el departamento que hoy dirige la conselleira de Política Territorial, María José Caride. Desde febrero de 2005 Pescanova acumula 31 sanciones. El 8 de noviembre se cumplirá un año desde que Política Territorial resolvió el recurso de reposición de la legalidad y confirmó la orden de derribo y las multas cuya cuantía no concreta, invocando la Ley de Protección de Datos.

El complejo expediente sancionador contra Insuíña, SL, la división de cultivos marinos de Pescanova, se inició con una denuncia contra el exceso de edificación respecto a un permiso urbanístico dictado por el ayuntamiento de Oia, cuando las obras llevaban dos años en marcha. La licencia fue declarada nula y los trabajos, ilegalizables, al carecer de la preceptiva autorización del Gobierno gallego.

Con un permiso ilegal, según la resolución de la Audiencia de Pontevedra que permanece recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y que ha venido a estimar sucesivos informes de la Xunta con el anterior gobierno de Fraga y del actual bipartito, Política Teritorial mantiene abierto otro frente contra el ayuntamiento de Oia por desobediencia. La consellería le exigió anular la licencia concedida para levantar la factoría de Mougás, un requerimiento que aún no ha ejecutado.

En el Tribunal Superior quedó visto para sentencia el contencioso que resolvió en contra del ayuntamiento de Oia y de Insuíña el Juzgado número 1 de Pontevedra. En sus alegaciones Pescanova subraya "la incompetencia de la Xunta para inmiscuirse en obras realizadas al amparo de una licencia municipal", pese a que una sentencia ya la declaró ilegal, dando la razón al Gobierno gallego.

También alegan que las obras "son legalizables" al amparo del plan acuícola cuyo borrador redacta Pesca y que permite la ampliación de Mougás.

En la vía penal, el entonces concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Oia, el popular Manuel Acevedo Díaz , y el aparejador municipal, Joaquín Pazo Eloy, fueron denunciados por el Seprona y están imputados en la causa que instruye el juzgado número uno de Tui por presunta prevaricación en la concesión de la licencia. En la misma causa también está imputado el director de la planta de Insuíña, José Enrique de Llano, por un delito contra la Ordenación del Territorio.