Estrambótica presencia

La experiencia demuestra que campañas electorales tan largas como la presente suelen dar cobijo a todo tipo de extravagancias. Más de un ciudadano se habrá quedado ayer perplejo al saber que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, una de las máximas representaciones del Gobierno, va a presidir la delegación oficial que acudirá el domingo a Roma para asistir en lugar preferente al acto de beatificación de 500 curas y religiosos que fueron asesinados durante la Guerra Civil y que la jerarquía de la Iglesia católica se empeña en considerar mártires de la fe, al margen de cualquier significada militancia política.

La explicación oficiosa de la presencia de Moratinos es todavía más estrambótica: el Gobierno, dicen sus portavoces, "trata de despolitizar el acto y evitar el protagonismo del PP". ¿Despolitizar? ¿Compartir los socialistas con el PP el protagonismo sobre beatos mártires? Sería muy de agradecer que alguien dentro del Gobierno haga algo para no volver definitivamente perturbados a sus sufridos seguidores y simpatizantes. ¿No hay nadie que se dé cuenta de que hay algo que no cuadra en todo este desgraciado asunto?

Los responsables del PSOE y del Gobierno deberían quizás tener en cuenta que es bueno que los ministros reflexionen, pero que todavía es mejor si lo hacen en voz baja, por lo menos mientras que no contrasten sus ideas con dos o tres expertos en la materia. El mejor ejemplo de los peligros del entusiasmo cuando se tiene poca experiencia política lo ha dado, también esta semana, el titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

Su sorprendente propuesta de cambiar el sistema de selección de jueces para dar acceso directo a la Escuela Judicial a los estudiantes de Derecho con mejores notas se ha ido convirtiendo, progresivamente, en un pequeño dislate. Ante la queja de que un sobresaliente es mucho más difícil de obtener en la Universidad Carlos III, en Madrid, que en muchas universidades privadas, el ministro tuvo la ocurrencia de aclarar que ese novedoso mecanismo sólo estaría dirigido a estudiantes de universidades públicas. Resulta extraño que alguien con formación como fiscal ignore que no es posible discriminar oficialmente entre títulos obtenidos en universidades públicas y privadas, por mucho que desconfíe de los segundos.

El hecho de que estemos ante tiempos complejos no quiere decir que necesariamente haya que complicarlo todo. En el caso de la formación de los jueces españoles, es cierto que muchos especialistas creen que está disparatadamente basada en la memorística y que adquiere un carácter marcadamente conservador al exigir nada menos que cinco años de permanencia media en manos de un "preparador", habitualmente un magistrado que termina impregnando a los opositores de su propia ideología y manera de entender el derecho.

Lo que desconcierta es que nadie haya tomado hasta ahora la iniciativa para cambiar el temario de las oposiciones a juez, algo teóricamente más sencillo y rápido que pretender cambiar de arriba a abajo el propio sistema de selección.

Si uno de los problemas de la formación de los jueces españoles es la excesiva dependencia de la memoria, ¿por qué no se cambian las pruebas exigidas en las oposiciones? Eso se podría debatir en la Comisión de Selección que se encarga de ese temario, y que está integrada, a partes iguales, por el Consejo General del Poder Judicial y por el Ministerio de Justicia. Además de reunirse para incluir mecánicamente las nuevas leyes que va aprobando el legislativo, ¿no podrían promover, cara al futuro, nuevas pruebas, más basadas en la argumentación y en la capacidad de razonar de los candidatos que en la pura memoria? Quizás ese nuevo temario acortara el tiempo de "preparación" para el examen concurso, que razonablemente debería estar más cerca de los dos años que los cinco.

Y si el actual sistema de preparadores impregna a la carrera judicial de un toque conservador, ¿por qué no se ataca ese problema de raíz, promoviendo, por ejemplo, que las propias universidades ofrezcan programas equivalentes, impartidos por su profesorado? La idea no es novedosa porque la magistrada Inmaculada Montalbán la puso ya en práctica hace algunos años, de acuerdo con la Universidad de Granada, y porque ya existen iniciativas semejantes en Galicia y Cataluña. Pero necesitaría, probablemente, de un buen impulso desde la esfera pública.

Quizás con una preparación más vinculada a la universidad y a la sociedad en la que viven sería más fácil que los jueces distinguieran la diferencia entre una simple falta y un evidente acto de racismo, como el ocurrido en el metro de Barcelona; una agresión fascista tan nítida que los ciudadanos han sido perfectamente capaces de detectar su peste, mientras que el juez encargado del caso no creía necesario, ni tan siquiera, solicitar la presencia del fiscal. solg@elpais.es