El juez deja libre al agresor racista y le obliga a ir cada día a comisaría
El auto califica el ataque de "hecho puntual", aunque "deleznable y repugnante"
Sergi Xavier Martín Martínez, de 21 años, seguirá en libertad.El juez de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) le acusa de un delito contra la integridad moral porque el pasado 7 de octubre profirió insultos racistas contra una joven ecuatoriana de 16 años y le propinó una patada en la cara cuando viajaban en un tren. Sin embargo, considera que los hechos no revistan la gravedad suficiente como para ordenar su encarcelamiento.
Por el contrario, el juez acuerda que Martín comparezca dos veces al día ante la policía local de Santa Coloma de Cervelló, la localidad en la que reside, entre las 10 y las 11 horas y entre las 18 y las 19 horas. También le obliga a acudir al juzgado los días 1 y 15 de cada mes y le prohíbe acercarse a la víctima a una distancia inferior a 1.000 metros.
Igualmente, le prohíbe desplazarse a ninguna otra localidad que no sea Sant Boi o Santa Coloma de Cervelló sin permiso judicial, así como utilizar cualquier línea de tren de los Ferrocarrils de la Generalitat que pase por ese municipio.
El fiscal y el abogado de la menor contratado por el Gobierno de Ecuador habían solicitado la prisión de Martín argumentando el riesgo de fuga y la posibilidad de que reincida y vuelva a atacar a la víctima. El magistrado Eduardo Gómez López, considera, sin embargo, que no se ha podido demostrar ese riesgo de fuga y que el hecho de que esté en paro "no debe suponer una mayor probabilidad de huida". También recuerda el juez que la menor es una testigo protegida y que no ha de conocerse ningún dato sobre ella. Por ello, entiende que la agresión es "un hecho puntual", si bien califica el hecho de "deleznable y repugnante desde el punto de vista social como legal".
Inspección del CGPJ
La decisión judicial conocida poco antes de las 22 horas de ayer ratifica la orden de libertad que adoptó el pasado día 20 el juez de guardia de la misma población, José María Prado Albalat.
El servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió ayer una información previa para esclarecer la actuación de ese juez. Entonces, como ayer, existía una prueba de cargo como es el DVD captado por una cámara de seguridad de los Ferrocarrils de la Generalitat en el que se aprecia claramente la agresión. Pero hace unos días, el fiscal no acudió a la declaración, porque el juez no le avisó. Ni se había filtrado a la prensa el DVD.
La decisión se produjo después de que el juez tomase declaración a la víctima, al acusado y al testigo que presenció la agresión. El atestado que la Guardia Civil entregó al juzgado el pasado día 20 contenía la declaración de la menor ecuatoriana en la que se relataban los insultos racistas. Es lo que el artículo 173 del Código Penal considera un delito contra la integridad moral por trato degradante, que se castiga con penas de seis meses a dos años de cárcel.
Sin embargo, faltaba la declaración de la víctima ante el juez y eso es lo que ocurrió ayer, porque el día 20 la joven no acudió a declarar. Fuentes judiciales explicaron que la joven declaró con detalle los insultos que sufrió por su condición de inmigrante y la agresión de Martín. Después fue el turno del testigo de la agresión, quien también explicó por primera vez ante el juez lo ocurrido en el tren. Y finalmente compareció Martín, a quien el juez había optado por citar a declarar y no detenerle, como pidió anteayer la fiscalía.
Tras prestar declaración la menor fue examinada por el forense del juzgado, quien concluyó que no sufre un shock postraumático derivado de la agresión que requiera tratamiento. . No se puede apreciar, por tanto, lesión psicológica por los hechos y no se puede imputar ese delito a Martín, como pretendía la fiscalía. El juez también recuerda ese hecho para denegar la prisión, como pretendía la fiscalía
Centenares de personas se manifestaron en la tarde de ayer en la Plaza Sant Jaume de Barcelona bajo el lema "Luchamos contra el racismo". El acto había sido convocado por 80 entidades, los ayuntamientos de Barcelona y de Santa Coloma de Cervelló, donde vive el agresor, y todos los partidos políticos catalanes, informa Belén Rodríguez.
Begoña Sánchez, portavoz de SOS Racismo y autora del manifiesto que se leyó, destacó que "parece que si no hay imagen, las cosas no existen". Aseguró que "cada día hay casos de racismo silenciosos" y que el deber de la sociedad es "seguir creyendo en el respeto de los derechos humanos".
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