Seis nuevas detenciones por corrupción en Canarias
En libertad con cargos, los dos ex alcaldes del PP
La Guardia Civil ha detenido a otras seis personas implicadas presuntamente en los delitos de corrupción que el pasado martes llevaron al arresto de otras seis persona, entre ellas tres altos cargos del PP: dos ex alcaldes -Carmelo Vega y Antonio Díaz- y un ex concejal de Urbanismo -Luis Troya- del municipio de Santa Brígida (Gran Canaria). El juez cree que el Ayuntamiento de esa localidad favoreció a empresas ligadas a estos tres políticos.
Los seis nuevos detenidos son sospechosos de delitos de falsedad documental, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios y exacciones (tasas) ilegales, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Los detenidos ayer fueron Salvador Gil Dávila, Esteban Santana (chófer de la Concejalía de Vías y Obras, apartado del servicio por presunta sustracción de gasolina) como sospechoso de falsedad documental y malversación de caudales públicos; y Rosa Troya Ramírez, hermana del concejal de Urbanismo, administradora de la empresa de su hermano, Ferretería Las Casillas, Está acusada de falsedad documental, fraude, exacciones ilegales y malversación.
Los dos últimos arrestados son Carmen Rosa Rodríguez Rodríguez y Santiago Alvarado Alonso, cuñado del ex alcalde Carmelo Vega y administrador de la empresa Las Casillas de Servicios hoteleros, propiedad de Vega. Los detenidos ayer declararon ante la Guardia Civil y quedaron en libertad hasta que los llame el juez que instruye el caso.
Además, los seis arrestados el día anterior prestaron declaración ayer ante el juez, que los dejó en libertad con cargos. El ex alcalde Carmelo Vega queda imputado por prevaricación, malversación y negociaciones prohibidas. El político que lo sustituyó tras una moción de censura, Antonio Díaz, salió imputado por falsedad, prevaricación y malversación.
El ex concejal de Urbanismo y ferretero Luis Manuel Troya también quedó imputado. Los tres ocuparon sus cargos como miembros del PP. El interventor municipal, Santiago Hernández Suárez, también está imputado. Otro técnico municipal, Jacinto Hernández, queda imputado por malversación, prevaricación y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios.
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