Otra vuelta de tuerca

Los Servicios Jurídicos del Estado presentaron el pasado viernes -en cumplimiento de un acuerdo del Consejo de Ministros adoptado el mismo día- un escrito ante el Constitucional para apartar a los magistrados García-Calvo y Rodríguez-Zapata del recurso interpuesto por el Partido Popular contra dos preceptos de la ley de 24 de mayo de 2007 que reforma la norma reguladora de la institución (LOTC). La recusación en marcha es otra vuelta de tuerca en la lucha sin cuartel librada dentro y fuera del tribunal con el propósito de sustituir a su actual presidenta.

El objetivo inicial del Tribunal Constitucional (TC), materializado en gran medida bajo el mandato de sus primeros presidentes (Manuel García Pelayo y Francisco Tomás y Valiente), situó a la institución por encima de los intereses partidistas y le encomendó una triple tarea: la expulsión del ordenamiento jurídico de las disposiciones normativas contrarias al texto constitucional, el amparo de las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos y el arbitrio de los conflictos de competencia entre la Administración central y las comunidades autónomas. Pero la independencia de la institución está sufriendo un paulatino deterioro desde los tiempos de Aznar y se halla ahora en serio peligro. Los dos grandes partidos de ámbito estatal, ayudados por las asociaciones judiciales afines, tratan cada vez con mayor descaro de usar como correas de transmisión a los magistrados del TC: ocho elegidos por el Parlamento con mayoría cualificada de los 3/5, dos por el Consejo General del Poder Judicial y otros dos por el Gobierno. A este respecto, la humillante regañina a la que fue sometida la presidenta Casas por la vicepresidenta del Gobierno en una tribuna del desfile militar del pasado 12 de octubre resultó un espectáculo escandaloso, causante de sonrojo personal e institucional.

La dirección de los partidos no parece exigir a los candidatos prestigio profesional, competencia jurídica y criterio firme sino militancia ideológica, carácter disciplinado y obediencia política. Aunque la reforma de la LOTC ordena la comparecencia previa ante las respectivas comisiones parlamentarias de los candidatos designados por el Congreso o el Senado, hasta ahora los dos partidos capaces de alcanzar la mayoría cualificada en ambas Cámaras -socialistas y populares- habían venido negociando sus cuotas respectivas como casilleros en blanco, rellenados luego libremente a veces para pagar facturas pendientes y siempre para asegurarse fidelidades ciegas.

Tras la desleal recusación de que fue víctima el pasado mes de febrero Pablo Pérez-Tremps con el fin de apartarle del conocimiento del recurso contra el Estatuto de Cataluña, la agenda oculta del bloque de magistrados afines al PP -la mitad del TC- aspira a conquistar la presidencia de la institución, cargo que permite fijar el calendario de los debates y deshacer los eventuales empates mediante el voto de calidad. El primer paso sería conseguir el lanzamiento domiciliario de la actual inquilina. El auto que aceptó la semana pasada la abstención de Casas para conocer el recurso del PP contra la ley de reforma de la LOTC resolvió que la actual presidenta no podrá intervenir en el debate sobre la prórroga legal de los mandatos presidenciales (hasta que concluya la renovación del tribunal), implantada ya como costumbre. Comenzó así la cuenta atrás para que el pleno purgado de diez miembros acepte el recurso del PP y Casas -su mandato venció formalmente en junio- sea sustituida en la presidencia por un colega conservador.

La recusación del Gobierno trata evidentemente de impedir ese desenlace. Si la impugnación de los dos magistrados tuviese éxito, el recurso del PP contra la reforma de la LOTC podría ser rechazado y el mandato de la presidenta quedaría prorrogado automáticamente, tal y como establece la ley orgánica de 24 de mayo de 2007. Sin duda, es la hipótesis más probable. Pero así como los fundamentos jurídicos del auto que admitió torticeramente la abstención de Casas guardaban escasa relación con el mundo del derecho y sonaban de manera preocupante a simple intriga política, ese pronóstico a favor de la recusación no descansa sobre razonamientos legales sino sobre el análisis de las relaciones de fuerza.

La segunda purga dejaría al Pleno del TC reducido a sólo ocho magistrados: con dos miembros abstenidos a la fuerza (Casas y Jiménez) y otros dos recusados igualmente contra sus deseos (García-Calvo y Rodríguez-Zapata). La disminución del bloque conservador -como la piel de zapa balzaquiana- hasta contar sólo con tres magistrados daría a sus cinco colegas afines al Gobierno la oportunidad de imponer su criterio. Dado que el artículo 14 de la LOTC exige la presencia de dos tercios de sus miembros para que el Pleno pueda adoptar acuerdos, la cifra de ocho magistrados es el quórum mínimo; cualquier baja por enfermedad -como sucedió ayer con Salas y Pérez Tremps- bloquearía su funcionamiento.